Dossier unitario · 7 junio 2018
La evidencia describe Sun Park como ocupado y con actividad dada de alta poco antes del 7 de junio, con clientes y tareas de servicio y mantenimiento. Eso no determina quién era entonces la explotadora legítima ni prueba que Pink o CEXP conservaran operación o posesión. Este registro explica cómo una autoridad limitada a LPB se proyectó materialmente sobre un conjunto de títulos fragmentados.
La distinción decisiva
La pregunta correcta no es «¿quién controlaba el concurso?» Es qué patrimonio y qué facultades estaban dentro del Concurso 36/2012, y qué título independiente permitía afectar cada unidad extraconcursal, la explotación hotelera, los contratos, los clientes y los elementos comunes.
El desbordamiento alegado empieza donde la administración y supervisión de bienes LPB se utilizaron como puente práctico hacia un hotel que jurídicamente seguía compuesto por patrimonios y poderes distintos.
El administrador concursal representaba y administraba el patrimonio de LPB según la fase concursal; el juez supervisaba y decidía lo sometido al procedimiento. Esa autoridad exigía conservación e inventario, pero no creaba título sobre bienes ajenos.
CEXP tenía una procedencia colectiva propia. Pero una comunicación firmada CEXP–Monterecco de 1 de febrero de 2012 dijo subrogar la actividad y presentó a Monterecco como nueva explotadora; Monterecco/Pink obtuvo registro para 159 unidades y operó de hecho. No se ha localizado el acuerdo del órgano competente de CEXP ni la cadena completa que demuestre cesión de todo el mandato derivado de propietarios, unidades de terceros o elementos comunes. Las actas CEXP de 2014/2017 acreditan continuidad organizativa, no por sí solas recuperación de explotación o posesión en junio de 2018; el Auto 804 fue adverso a la posesión entonces invocada por CEXP.
Sus fincas no pertenecían a LPB y no podían transmitirse mediante la liquidación de LPB. Crédito, mayoría comunitaria, seguridad, llaves o explotación unitaria no sustituyen escritura, consentimiento y título finca por finca.
Administraba gastos y elementos comunes dentro de sus competencias. No se ha localizado título que la hiciera dueña de los apartamentos o le permitiera disponer de la empresa hotelera; una autorización de seguridad no equivalía por sí sola a un mandato de desalojo, reforma o control integral.
La venta de activos de 2008 —que Gil Marer califica como incumplimiento de la arquitectura pactada— dejó una explotación hotelera única repartida entre múltiples títulos. Determinadas unidades quedaron en el perímetro disidente vinculado a Montelanza/Molina. Sus litigios posteriores fueron finca por finca: no decidieron por sí solos la extinción o sucesión de todos los derechos de explotación ni convirtieron una restitución sobre 18 unidades en autoridad sobre todo el hotel. Quién ostentaba cada derecho después de 2012 es una cuestión distinta.
La continuidad que Gil atribuye entre aquellos titulares, sus representantes o sucesores y adquisiciones posteriores del perímetro Acosta Matos es una hipótesis patrimonial a probar, no una sucesión penal automática. Gil Marer sostiene que la propuesta de salida de 2018 pretendía resolver la fragmentación mediante operador, financiación, acuerdos y tratamiento propietario por propietario; no fabricar propiedad desde la Comunidad o el concurso.
Contraste contemporáneo
Necesitaba inversión y modernización. Eso no lo convertía en un activo disponible para autotutela. Esta conclusión se refiere al estado y la actividad del complejo: no determina que Pink o CEXP fuera entonces la explotadora legítima.
Un arquitecto de Las Palmas desarrolló mediciones, opciones de reforma y ampliación hacia tres/cuatro estrellas, estudios técnicos y una ruta de proyecto básico y de ejecución condicionada a licencia. Se planificó por etapas para conservar la explotación.
Un contratista especializado de Tenerife preparó diseño y renders y recibió un pago del 30% —1.923,43 €— bajo el concepto «Reforma Piloto SPL». Fotografías de obra y correos conectan el piloto con la preparación comercial y la visita de turoperadores.
La instrucción contemporánea fue explícita: reformar «por fases» y no perder otra temporada turística. A comienzos de 2018 el objetivo ya se formulaba como un reposicionamiento de 1,5 M€ a nivel cuatro estrellas. Era un objetivo de reforma, no una categoría turística ya obtenida.
La tasación ECO independiente, emitida el 7 de junio, describió el inmueble como terminado y ocupado, en buen estado sin deterioros estructurales aparentes, con actividad dada de alta y habitaciones parcialmente renovadas. Valor hipotecario: 25.647.179,50 €.
La alternativa viva
El expediente documenta un operador contratado, continuidad hotelera propuesta, financiación puente y dos vías de salida. Seguía sujeto a condiciones, verificación, autorizaciones y cierre.
Cómo funcionaba
El contrato ONA contemplaba continuidad de personal, reservas y mantenimiento. La financiación puente debía conducir a financiación bancaria o a la ruta integrada de venta/takeout Elaia/Lagune. El correo de Stoneweg de 12 junio acredita que la fase de oferta vinculante condicional había quedado cerrada antes de las reuniones de Las Palmas; la ratificación de propietarios y las condiciones de cierre de la transacción seguían siendo necesarias. Por eso la toma y la pérdida de acceso afectaban materialmente a diligencia, operación, garantía y cierre. Abrir reconstrucción de mandato, facturación e implementación →
Preparación, autoridad y ejecución
El 18 de mayo el administrador concursal pidió, representando a LPB, que la Comunidad contratara seguridad para controlar accesos y preservar zonas. El acta no entrega posesión a CAM ni autoriza a excluir al responsable presencial, huéspedes, personal o titulares de derechos operativos o posesorios, entrar en fincas ajenas o transformar el complejo.
Conclusión documental: un testigo presencial declaró bajo promesa de verdad que vio romper la cerradura codificada, colocar cadenas y candados, sustituir bombines y cerrar accesos. Atribuyó las instrucciones operativas a Laura Patricia Acosta Matos y precisó que José Daniel Acosta Matos no estuvo presente ese día.
El auto aprobó una vía de dación/venta de activos LPB con publicidad y mejores ofertas. No ordenó entrega del hotel, lanzamiento, rotura de cerraduras o cambio de operador.
El correo del mismo día reporta que quienes llegaron dijeron venir a «tomar posesión», exigieron llaves, identificaron huéspedes y dijeron al responsable onsite que aquello había terminado. Es relato contemporáneo; policía, CCTV y registros deben corroborar cada acto.
El responsable declaró que el control de acceso le impidió entrar a su puesto desde el día 7; sólo accedió con notario y para una intervención sanitaria. Dijo que no pudo recuperar herramientas y maquinaria.
Una nota coetánea de parte sobre una llamada atribuida al AC sostuvo que CAM entró únicamente en unidades propias y zonas comunes. Fue impugnada inmediatamente. Esa contradicción exige un mapa de llaves, unidades, cámaras y partes de seguridad.
Correos independientes de residentes entre junio y julio describen vigilancia permanente, decisiones de entrada en la puerta, retirada de cerraduras, contactos con Acosta Matos y salidas de residentes. Falta la lista íntegra de clientes, reservas, equipaje y devoluciones.
La prueba judicial acredita la exclusión del responsable presencial. Otras comunicaciones reportan personal u operadores ausentes o requeridos para marcharse. Debe evitarse afirmar una expulsión universal sin nóminas, turnos, declaraciones y bajas persona por persona.
Residentes y la visita ONA describieron piscinas no operativas y jardines sin mantenimiento. Las fotografías de 9 de julio fijan condición visible, no autoría. Deben cruzarse con la tasación previa, partes, órdenes, proveedores y periodo exacto de control.
El control de acceso documentado afectó el acceso a apartamentos y a la diligencia del operador propuesto ONA; el efecto alegado sobre reservas, fondo de comercio y continuidad requiere PMS, banco y contabilidad.
Negó ordenar la rotura del acceso codificado, pero admitió accesos, una puerta forzada y una autorización general a la Comunidad; sobre cerraduras rotas para ejecutarla, declaró que «lo da por bueno».
Las imágenes representan un estado visible en la fecha atribuida al dossier; por sí solas no prueban fecha, causa ni autoría. Deben contrastarse con metadatos, registros de acceso, partes de mantenimiento y la inspección Gesvalt anterior.
Puente fiduciario y tutela
El administrador debía conservar y representar el patrimonio LPB; el juez debía supervisar el concurso y decidir las solicitudes. Ninguno era el administrador universal de Sun Park. Pero esa limitación no los convierte en espectadores cuando una autorización o una decisión concursal produce efectos materiales sobre todo el hotel.
Pidió el punto comunitario de seguridad representando a LPB y admitió autorizaciones de acceso. Tras conocer la controversia, las preguntas verificables son qué fincas identificó como LPB, qué inventario y actividad preservó, cómo comprobó la ejecución, qué informó al juzgado y qué remedio solicitó si entendió excedido el encargo. Su autoridad no alcanzaba por sí sola CEXP ni fincas extraconcursales.
El auto de 16 de abril no dio posesión a CAM. El informe Irigoyen sitúa ante juez y AC la propuesta de salida con financiación el 13 de junio, pero requiere corroboración. Más tarde el expediente documentó controversias sobre la venta separada, las obras y la inspección. La pregunta es qué tutela efectiva se decidió cuando aún podía conservarse hotel, prueba y alternativa ONA.
DI 1103/2018-00 → DP 1132/2018, NIG 3500443220180003508, fue sobreseída provisionalmente el 20 de agosto. El Auto 804/2018 de 13 de noviembre, dictado en el Rollo 1010/2018 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, rechazó los recursos, trató el conflicto como esencialmente civil y se apoyó centralmente en la versión y autorización del AC. Al razonar fue adverso a la posesión penalmente protegible invocada por CEXP y trató como formalmente entregada por Pink la posesión el 22 de mayo de 2017. No fue un juicio civil o turístico de título y no creó título CAM. Ver identidad, panel, representación, límites y brechas del Rollo 1010/2018 →
«Alego que la autoridad sobre LPB fue convertida en un puente hacia control extraconcursal: los actores privados ejecutaron; el administrador habilitó o no corrigió el desbordamiento; y la tutela judicial no lo detuvo a tiempo.» — Gil Marer
Es una acusación atribuida y sometida a prueba. No se ha localizado prueba directa de un acuerdo clandestino, beneficio ilícito del administrador o juez, ni una resolución que declare su dolo penal.
La prueba decisiva: instrucciones originales, cronología de avisos, inventario finca por finca, medidas solicitadas y decididas, comunicaciones sobre ONA y una cuenta de daño y beneficio.
De control a proyecto
El piloto no prueba por sí solo quién lo encargó ni con qué autoridad. Su posible valor probatorio surge al situarlo entre el control material de 2018, posteriores relatos de parte sobre una propuesta integral bajo «Lava Verde», la propuesta de réplica para el conjunto y las posteriores representaciones a inversores.
Atilano aparece en la correspondencia como «Atilano Sastre», bajo la presentación profesional Inmoturismo Consultoría Hotelera y como Delegación Canarias de Essenthia Contract y Equipamiento FF&E. Fuentes públicas de la época lo identifican como CEO de Inmoturismo, consultora canaria de expansión, gestión, rehabilitación y contract hotelero. En este expediente es una fuente profesional independiente, no un actor acusado.
Límite: sus correos registran directamente su afirmación de que la fábrica representada había fabricado e instalado un piloto y de que Sun Park era el establecimiento que conocían como Lava Verde. No nombran directamente a CAM ni identifican habitación, propietario registral, consentimiento, pagador, pedido, licencia o autoridad de acceso. Un memorial de parte, no firmado y fechado en enero de 2020, atribuye el encargo al perímetro CAM alrededor de junio de 2019; no es una confirmación directa de Atilano y requiere corroboración.
En junio de 2020, Gil Marer se reunió con el entonces responsable regional en su oficina de Santa Cruz de Tenerife. La cita corporativa del día 12, las gestiones posteriores en esa oficina, el alta de Aweswell como cliente y el presupuesto de Obras/Proyectos/Instalaciones acreditan una interlocución real para una reforma integral.
Límite: la visita CAM, los cuatro pilotos y la petición de réplica proceden de un memorial de parte fechado el 12 de junio de 2020, no de una declaración firmada del responsable ni de El Corte Inglés. Deben producirse CRM, visita, planos, petición de oferta y archivo interno.
El umbral no terminó el 7 de junio
La consecuencia continuada no convierte automáticamente el hecho inicial en delito permanente ni hace culpable a todo actor posterior. Sí obliga a examinar cada acto nuevo: quién lo adoptó, con qué autoridad, qué sabía, qué patrimonio afectó, quién se benefició y qué explicación lícita lo contradice.
El acta describe unanimidad entre los comparecientes. Ninguna de las tres representaciones societarias conservadas en la página pública corresponde a LPB o Matkator; el resto de la lista nominal está expurgado y convocatoria, poderes, voto, abstenciones y conflictos siguen abiertos.
José Daniel Acosta Matos preside y explica el único proyecto, aportado por CAM. Laura Patricia Acosta Matos representa CAM; Javier Acosta Matos, cuya identidad consta confirmada en CAEPR, representa a la distinta Construcciones Acos-Matos, S.L., también confirmada en CAEPR.
El control del anexo atribuye a LPB 1.199.729,12 € de deuda comunitaria y 3.260.416,81 € de derrama. La suma no prueba exigibilidad, doble cobro ni deuda válida.
Es una derivación del coeficiente sobre el presupuesto de 4.467.793,26 €, no una transcripción del anexo reservado. Debe cotejarse antes de uso probatorio.
La explicación lícita más fuerte está en el propio acta: separa las obras comunes «estrictamente necesarias» para operar en la categoría existente —repartidas entre propietarios— de la mejora adicional a cuatro estrellas, que CAM ofrece ejecutar a su cuenta y costa. Una obra común válida puede beneficiar también al promotor sin convertirse por ello en delito.
La hipótesis adversa es más precisa: si quienes ya preparaban la conversión clasificaron conscientemente como gasto común el capex que habilitaba su proyecto, usaron deuda/voto de origen inválido para imponerlo mediante una presencia del 20,993% y trasladaron la mayor carga a propietarios ya privados de uso e ingreso, el acta podría constituir un acto patrimonial nuevo. Para probarlo hacen falta autoridad, deuda, voto, clasificación técnica de costes, implementación, beneficio y dolo; la secuencia por sí sola no basta.
La contradicción exige una bifurcación dominical, no una suma: el acta denomina a CAM principal propietaria mayoritaria, pero el anexo controlado todavía atribuye a LPB el 72,976%, 1.199.729,12 € de deuda y 3.260.416,81 € de derrama. Si CAM aún no era mayoritaria, deben comprobarse la veracidad y autoridad de esa premisa antes de la escritura n.º 457; si ya lo era o controlaba económicamente esas fincas, debe explicarse por qué LPB seguía soportando la cuota y carga dominantes. Matkator estaba fuera del concurso y requiere una cadena separada finca por finca.
No se demuestra delito sumando 4,467 M€ de presupuesto/derrama, 6,57 M€ de financiación RICPE/RIC, 3,44 M€ de subvención, inversión elegible, FEDER e ingresos. Son objetos jurídicos distintos. La prueba relevante es si las mismas fincas, obras, facturas, empleos, disponibilidad o valor se reutilizaron o describieron de modo incompatible; qué declaró cada solicitante sobre título, concurso, terceros, partes vinculadas y otras ayudas; y qué persona conoció, aprobó, certificó, pagó o usó cada extremo.
La lectura unitaria es: control/exclusión → pérdida o desplazamiento de explotación, clientes, caja y salida financiada → deuda y menor capacidad defensiva → voto/derrama/proyecto → título y segregación CAM→HNT → RICPE/RIC, incentivo regional, FEDER y explotación MYND. Cada flecha necesita su propia prueba; ninguna transmite culpabilidad automáticamente.
Puente omnidireccional · 2018 → 2022 → uso posterior
Gil Marer y Aweswell alegan que preparación, exclusión selectiva, junta, acuerdos, cierre documental, falta de comunicación directa y uso posterior formaron un solo episodio habilitante. El mapa representa esa tesis de acusación. No convierte sus flechas en causalidad probada ni en culpabilidad colectiva.
Acceso y seguridad, salida de clientes, pérdida de explotación/caja, deterioro u obras, frustración de la salida ONA y menor capacidad defensiva se alegan como presión acumulada desde 2018.
Control 7 junio →LPB estaba en el concurso y sujeta a administración concursal y supervisión judicial. Matkator no pertenecía a la masa. Ninguna autoridad sobre LPB cubría por sí sola sus fincas.
Masa activa y límites →Deuda, voto, avisos, seguridad, acceso, mantenimiento, banco y custodia formaron un aparato funcional. «Captura» y administrador de hecho siguen siendo calificaciones a probar actor por actor.
Auditar Comunidad–AC →Pilotos, planos, imagen de los cuatro hermanos, promoción RICPE y escritos de 2021 justifican producir archivos de proyecto y consejo. No prueban por sí solos conocimiento de la convocatoria.
Proyecto previo →La junta y sus acuerdos están documentados en una copia localizada. La selección deliberada de destinatarios, el propósito común y cada uso causal siguen abiertos.
Regla de lectura: cada ⇄ significa «puente a demostrar en ambos sentidos»: hecho → uso/efecto y resultado → documento/custodio que debería explicarlo. No significa concierto, dolo o causalidad ya probados.
Deuda, privación de voto, asentimiento del ausente, plazo de impugnación, certificado y reclamación dependen de convocatoria y comunicación válidas. Un ACTA defectuosa no es por ello falsedad penal.
Puertas LPH →La acusación debe identificar la proposición falsa u omitida, quién la usó, error o decisión patrimonial, perjuicio y beneficio. La junta fue diecisiete días antes de la escritura; proximidad no es causalidad.
Adjudicación 2022 →No se suman importes. Se cruzan finca, obra, factura, empleo, declaración de título/autoridad, otras ayudas, pago, certificación y beneficiario para detectar reutilización o incompatibilidad.
Trazabilidad de fondos →Segregación, obra, explotación e ingresos permiten seguir valor y beneficio. No transmiten automáticamente dolo, delito corporativo o culpa sucesoria.
Vidas financieras →Es la etiqueta paraguas atribuida por Gil/Aweswell a una presión continuada sobre acceso, clientes, explotación, activos, prueba, salida financiada y defensa. No es un delito autónomo: cada episodio debe encajar, si procede, en coacción, usurpación, daños, frustración, falsedad, administración desleal u otro tipo con sus elementos propios.
La fórmula rigurosa es: activos de LPB formalmente sometidos a salvaguardas de administración concursal y supervisión judicial, cuya eficacia práctica se discute. Es arquitectura de protección, no garantía de resultado. Matkator permanecía fuera.
El registro apoya investigar control de hecho de funciones discretas. La calificación jurídica respecto de LPB exige gestión autónoma estable o influencia decisiva habitual, instrucciones seguidas, continuidad, conocimiento, beneficio y el estándar vigente en cada fecha.
Texto histórico oficial LPH aplicable antes de la junta de 4-Feb-2022 →
| Ley de Propiedad Horizontal vigente el 4-Feb-2022 | Qué obliga a comprobar | Consecuencia |
|---|---|---|
| Arts. 3, 5 y 7 finca privativa, cuota y obras | Título, estatutos, finca por finca, consentimiento y alcance de obra/explotación. | La Comunidad no adquiere dominio privativo ni poder hotelero universal por acuerdo. |
| Arts. 9 y 10 gasto, notificación y obra necesaria | Domicilio comunicado, intentos, devoluciones, tablón/diligencia; naturaleza común, necesaria, privada o cuatro estrellas. | La obra necesaria puede ser obligatoria; la etiqueta y la notificación deben coincidir con la realidad. |
| Arts. 13, 14 y 20 órganos y administrador | Nombramiento, competencia, instrucciones, custodia, banco y ejecución. | Representar a la Comunidad no autoriza disponer de todas las fincas. |
| Arts. 15.2 y 16 deuda, voto y convocatoria | Deuda vencida, impugnación/consignación, lista de privados de voto, primera/segunda convocatoria, agenda y servicio. | La deuda puede quitar voto, no el derecho a ser citado, asistir y deliberar. |
| Art. 17 mayoría aplicable | Clasificar cada acuerdo y reconstruir propietarios, cuotas, votos, abstenciones y consentimientos afectados. | 20,993% no invalida por sí solo una segunda convocatoria; unanimidad de asistentes no equivale siempre a unanimidad total. |
| Arts. 17.8, 18, 19 y 21 ausentes, ACTA, impugnación y cobro | Citación válida, comunicación posterior del acuerdo/ACTA, disconformidad, libro diligenciado, certificados y monitorio. | Sin probar citación y comunicación no se presume adhesión del ausente ni se fija sin más el inicio de su plazo de impugnación. |
Confirmación del objeto analizado: Gil Marer declara que su perímetro relevante no recibió invitación ni conocimiento previo y tampoco comunicación directa comunitaria del ACTA; la familia Thompson reenvió el ACTA sólo después de la junta. Gil y Aweswell alegan que no hubo episodios aislados, sino una secuencia más amplia: conocimiento y preparación previos → diseño de convocatoria y lista de destinatarios → servicio selectivo u omisión → reunión, poderes, conflictos y votos → acuerdos sobre deuda, obras, licencias y explotación → redacción/cierre del ACTA → falta de comunicación directa y descubrimiento por tercero → uso posterior en título, cobro, obra, financiación, ayudas u operación. Esta es una hipótesis penal a contrastar, no una conclusión judicial.
La invitación de 4 de febrero no aparece hoy en el repositorio como documento nativo con su paquete de servicio. El ACTA localizada sí prueba qué reunión y acuerdos se hicieron constar; no es por sí misma la lista legal de destinatarios, el correo, el certificado postal, la devolución, el tablón ni el libro de envío posterior del ACTA. La lista nominal pública está parcialmente expurgada y no permite excluir un apoderado de LPB o Matkator.
Hay que separar destinatarios. LPB era titular dentro del concurso y exige identificar representante concursal y domicilio LPH; Matkator era titular extraconcursal con ruta propia; Aweswell, como socio, no adquiere por ello solo derecho directo de citación LPH; y la representación de Gil en 2022 debe acreditarse capacidad por capacidad.
Alegación de patrón desde al menos 2016: Gil alega que determinadas otras reuniones o intentos también se mantuvieron fuera del conocimiento de su perímetro. Debe probarse acto por acto. La junta conocida y asistida de 26-abril-2016 es límite obligatorio, por lo que el repositorio no afirma que todas las reuniones desde 2016 fueran ocultadas.
El examen preliminar de ocho eventos contiene hoy un ejemplo directo atribuido de desconocimiento previo (4-febrero-2022), contraejemplos conocidos/asistidos, rutas de notificación abiertas y un evento de 2018 conocido sólo por recital posterior. Fija el denominador de producción, no todavía un método penal repetido.
| Pregunta | Respuesta probatoria controlada | Límite |
|---|---|---|
| ¿Qué demuestra ya? | ACTA con 20,993% presente/representado; tres representaciones visibles Acosta Matos; acuerdos sobre deuda, proyecto único CAM/JDAM, obras, licencias y explotación unitaria; fecha diecisiete días anterior a la escritura n.º 457. | Demuestra el instrumento decisorio registrado y su oportunidad temporal, no a quién se citó o dejó de citar. |
| ¿Qué añade el reenvío Thompson? | Si se autentica, puede fechar conocimiento real después de la junta, probar una vía de tercero y no comunitaria directa, identificar la versión circulada y comparar el envío a Thompson con LPB/Matkator. | No demuestra solo el destinatario legal, omisión deliberada, conocimiento de cada actor ni por qué falló la comunicación directa. |
| ¿Qué puede demostrar deliberación? | Destinatario y domicilio correctos conocidos; versiones de la lista de propietarios; correo nativo/cabeceras; certificados y devoluciones; tablón; instrucciones o admisiones de evitar asistencia/impugnación; recital falso; distribución directa selectiva del ACTA; cadena Thompson/anterior autenticada; y uso downstream coordinado. | Debe atribuirse a una persona concreta, con conocimiento, propósito y efecto; un error, recepción indirecta o defecto LPH aislado no basta. |
| ¿Qué paquete será capaz de probar intención? | La convergencia de selección desigual, omisión consciente, comunicación interna del propósito, ocultación posterior y uso rápido, junto con la exclusión razonada de direcciones erróneas, representación concursal confusa, delegación o fallo administrativo. | Ningún documento futuro puede garantizarse de antemano. La pregunta es si el conjunto excluye el fallo inocente al estándar aplicable. |
Libro decisivo: propietario → finca/cuota → domicilio estatutario → emisor → método/hora → entrega/devolución/tablón → convocatoria → advertencia de deuda → representante/poder → asistencia/voto → comunicación directa del ACTA → reenvío por tercero/conocimiento real → disconformidad → impugnación → ejecución/uso.
Gil identifica a Javier como el joven del extremo izquierdo y a Gerardo Zacarías como el hombre barbado del extremo derecho. El caret confirma las identidades nominales, no las posiciones de la imagen. Los BORME controlados sitúan independientemente a los cuatro en el perímetro de gobierno corporativo, pero no identifican píxeles.
La imagen dirige la producción de los originales, metadatos, archivo del fotógrafo/editor, portátil, planos, versiones documentales y expedientes de consejo. Si ese material enlaza de forma fiable la escena con Sun Park antes de la junta, puede corroborar conocimiento previo del proyecto y custodios de la documentación. La imagen sola no demuestra que los planos sean Sun Park, la fecha de toma, conocimiento de la convocatoria, exclusión deliberada, concierto ni criminalidad.
| Carril | Ancla controlada | Prueba que falta |
|---|---|---|
| Comunidad | 4.467.793,26 € de presupuesto de obras necesarias/comunes; no es por sí solo dinero recibido por CAM/HNT. | Facturas, pagadores, contratista, banco, obra ejecutada y separación una/cuatro estrellas. |
| RICPE/RIC | 6.570.713,56 € en el folleto frente a 6.573.703,10 € en otra reconstrucción auditada; diferencia de 2.989,54 € a conciliar, no delito. | Series F/G, inversores/RIC, comité/consejo, dispensas, desembolsos, uso y devolución. |
| Incentivos regionales GC/836/P06 | HNT; 11.469.714,00 € de inversión elegible/proyecto, 3.440.914,20 € de subvención y 60 empleos. | Expediente íntegro, costes, otras ayudas, pagos, empleos, controles y reintegros. |
| FEDER | La placa permanente MYND identifica expresamente FEDER. | Programa, operación, porcentaje, gastos declarados, pagos, auditorías e irregularidades. |
| CAM→HNT→MYND | Segregación de unidad económica y explotación posterior. | Fincas/derechos/pasivos transferidos, operador, ingresos, EBITDA, refinanciación y distribuciones. |
| Periodo | Hecho controlado | Efecto adicional que debe investigarse | Límite obligatorio |
|---|---|---|---|
| 7–20 jun 2018 | Control de acceso y exclusión; ONA continúa una arquitectura operativa y financiada. | Pérdida de caja, clientes, conservación y oportunidad de salida; posible coacción, usurpación, daños o frustración acto por acto. | Condiciones de cierre, autoría, alcance y causa exacta del fracaso siguen abiertas. |
| jul–nov 2018 | Acta posterior al hecho; una mención de 2022 dice que en noviembre se siguió estudiando la reforma integral. | Posible ratificación o institucionalización del control y del proyecto. | El acta original de noviembre no está localizada; el recital posterior no la sustituye. |
| 2019 | No convalidación judicial de la rama separada de 31 fincas/400.000 €. | Restitución, frutos, Registro, contabilidad y reutilización posterior de activos. | La cadena de implementación y destino del dinero permanece incompleta. |
| 2020–2021 | Pilotos/proyecto antes del título; alertas sobre obras y masa; se deniega pericial/inspección; CAM obtiene aprobación definitiva tras no comparecer/depositar el tercero. | Defensión, conservación de prueba, valoración, competencia y uso de disponibilidad práctica. | Una obra en finca CAM propia podía ser lícita; el tercero no cumplió los pasos registrados; el Auto de 2021 fue motivado. |
| 26 ene–4 feb 2022 | Aclaraciones judiciales y junta comunitaria sobre proyecto, licencias, derrama y explotación unitaria. | Nuevo nodo de autoridad, conflicto, deuda, voto, coste y operación diecisiete días antes de la escritura. | Decisión adversa no prueba prevaricación; el acta no es libro diligenciado ni copia certificada. |
| 21 feb–fin 2022 | Escritura n.º 457 y posterior segregación CAM→HNT. | Formalización de título, continuidad económica, financiación, operación y trazado del beneficio. | El título posterior no cura actos anteriores ni transmite automáticamente culpabilidad a HNT. |
| Actor / capacidad | Relevancia adicional 2018–2022 | Prueba individual necesaria |
|---|---|---|
| Francisco Mario Matos Matas administración comunitaria / Pamanil–Pamalexsha |
Continuidad de deuda, voto, archivos y administración; secretario-administrador y carril bancario en 2022. | Nombramiento, contrato, custodia, cuentas, certificados, banco, seguridad, derrama, instrucciones, conocimiento y beneficio. |
| Antonio Cogolludo Rojas presidencia comunitaria 2017–2018 |
Autoridad e implementación del acuerdo de seguridad/acceso anterior al 7 de junio. | Título, poderes, contrato, proveedor, pagador, instrucciones, alcance espacial, reacción y entrega de funciones. |
| Shaila María Cogolludo Ramos tesorería, voto y trabajo administrativo |
Contabilidad, voto y reglas de acceso en la fase de implementación de 2018. | Título, poderes, funciones bancarias/contables, relación laboral, comunicaciones e intervención exacta. |
| José Daniel Acosta Matos proyecto, presidencia 2022 y RICPE |
Preside la junta, explica el proyecto único y queda en el cruce entre diseño, licencia, operación y beneficio posterior. | Título a la fecha, poderes, conflicto/abstención, encargo/honorarios, unidades, financiación, instrucciones y beneficio. |
| Laura Patricia Acosta Matos representación CAM |
Atribución testifical de instrucciones operativas el 7 de junio y representación CAM en el nodo de 2022. | Mandato, comunicaciones, relación con seguridad/contratistas, voto, conocimiento dominical y dolo. |
Javier Acosta MatosPD-SP-P-0093 · identidad confirmada en CAEPR · testigo/documental primero |
El BORME lo identifica como consejero CAM en 2020 y de Canarian Hospitality en 2021; comparece por la separadamente confirmada en CAEPR Construcciones Acos-Matos, S.L. en 2022. Es un canal de información a investigar, no prueba de participación. | Poder, fincas/coeficiente, voto real por punto, avisos y ACTA conocidos, información de consejos/proyecto, conflicto, archivos y beneficio. Sólo indicios objetivos sobre acto, conocimiento y dolo justificarían valorar estatuto de investigado con plenas garantías. |
Gerardo Zacarías Acosta MatosPD-SP-P-0094 · identidad confirmada en CAEPR · imagen/custodia documental primero |
Gil lo identifica como el hermano barbado del extremo derecho de la imagen publicada; los BORME lo sitúan en el perímetro de gobierno corporativo. El ACTA localizada no lo registra como asistente de 4 febrero. | Original y metadatos de la imagen, vínculo de los planos con Sun Park, expedientes de consejo, conocimiento previo, comunicaciones, custodia, implementación, conflicto y beneficio. Cargo o presencia atribuida en una imagen no prueban concierto ni participación penal. |
| Francisco de Borja Rodríguez-Batllori Laffitte administrador concursal de LPB |
Puente de representación LPB, seguridad/acceso, conservación, valoración, realización y rendición. | Deber concreto, aviso, capacidad real, decisión/omisión, informe al juzgado, causalidad y alternativa lícita. |
| Ilmo. Sr. D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez del entonces Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Las Palmas de Gran Canaria | Supervisión y decisiones concursales que condicionaron preservación, prueba, competencia e implementación. | Resolución o acto debido exacto, expediente disponible, competencia, injusticia objetiva, elemento subjetivo histórico y efecto. Un resultado adverso no basta. |
| CAM → Hotel New Trend, S.L.U. (HNT) personas jurídicas separadas |
Crédito/unidades/proyecto/adjudicación y posterior segregación de la unidad económica. | Delito base elegible, persona física, beneficio, controles, activos/pasivos/litigios transferidos y conducta propia de HNT; no hay culpa sucesoria automática. |
Control de fuente: el total de 4.467.793,26 € se ha cotejado visualmente con la página fuente 7. Los importes individualizados de LPB proceden de la lectura controlada del anexo no publicado; las páginas nominales 5–6 siguen expurgadas públicamente. La cifra Matkator es aritmética derivada y queda expresamente pendiente de cotejo. Metodología, contraexplicaciones y prueba decisiva →
Lectura unitaria
La alegación no es una suma de episodios. Es una conversión continuada: crédito y unidades parciales → autoridad comunitaria y concursal → control físico → proyecto y pilotos → imagen de hotel disponible → adjudicación, reforma, financiación y explotación.
Gil Marer alega que LPB perdió valor y una salida concursal competitiva; que CEXP o sus participantes perdieron los derechos operativos residuales o reconstituidos que afirman, además de clientela, reservas y fondo de comercio; que Matkator y otros titulares perdieron control o frutos de fincas extraconcursales; y que Aweswell perdió la oportunidad de ejecutar la plataforma de salida. El registro posterior documenta, mediante entidades distintas vinculadas al proyecto Acosta Matos, control material, posterior título LPB, reforma, financiación RIC, incentivo regional y operación como MYND Yaiza. La atribución de cada beneficio exige una cuenta por entidad.
Eso no permite sumar valor del activo, nominal del crédito, préstamos, incentivo e ingresos como una sola ganancia. El enriquecimiento neto exige contabilidad consolidada por entidad: precio real del crédito, deuda extinguida, activos recibidos, inversión propia, préstamos y devolución, incentivo efectivamente pagado, márgenes vinculados, rentas, EBITDA, refinanciación y distribuciones.
Producción que puede resolverlo
La hipótesis penal unitaria debe contrastarse atribuyendo autoridad, acto, conocimiento, daño y beneficio por fecha y por finca.
| Paquete | Documento que falta | Pregunta que resuelve |
|---|---|---|
| Seguridad y acceso | Contrato, instrucciones, autorizados, turnos, partes, CCTV, Guardia Civil, llaves y cambios de bombín. | Quién ordenó qué, sobre qué espacios y durante cuánto tiempo. |
| Mapa finca por finca | Título, poseedor, llaves, uso, obras y consentimiento en cada fecha 2018–2022. | Dónde terminó la autoridad LPB y empezó el efecto extraconcursal. |
| Explotación y daño | PMS, reservas, clientes, personal, nóminas, proveedores, caja, mantenimiento y valoraciones. | Qué negocio existía y qué se perdió, desplazó o preservó. |
| ONA y financiación | Condiciones, pruebas de fondos, diligencia, decisiones de comité, comunicaciones del 7–20 junio y causa formal de no cierre. | Qué condición falló y si el control material fue causal. |
| AC y juzgado | Correo original, informes, agenda del 13 junio, escritos, traslados, medidas, inspecciones y rendición. | Qué sabían, qué podían hacer, qué decidieron y por qué. |
| Atilano / fábrica | Unidad, pedido, renders, presupuesto, factura, pago, entrega, fotografías, licencia y registro de acceso. | Quién encargó y autorizó la ejecución física del piloto. |
| El Corte Inglés Empresas | CRM, visita CAM, cuatro pilotos, petición de oferta, planos y expediente de reforma. | Qué perímetro se presentó y con qué título o disponibilidad. |
| Convocatoria, ACTA e imagen | Convocatoria nativa, lista de propietarios y domicilios, servicio/devoluciones/tablón, poderes, votos, distribución del ACTA; original y metadatos de la imagen, portátil, planos y expedientes de consejo. | Quién conocía el proyecto, quién seleccionó destinatarios, si hubo exclusión consciente, quién construyó o retuvo el ACTA y si la escena publicada enlaza realmente con Sun Park. |
| Beneficio downstream | Precio del crédito, dación, segregación CAM–HNT, RIC, ayuda, capex, operación, deuda, ingresos y distribuciones. | Qué valor neto obtuvo cada entidad y de qué fuente procedió. |
Identidad procesal canónica · relación procesal directa
Origen: el registro judicial de 2 de mayo dice que la denuncia recibida el 23 de abril se originó como Diligencias Indeterminadas 1103/2018-00 y pasó a Diligencias Previas 1132/2018, NIG 3500443220180003508, en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arrecife, antiguo Juzgado Mixto nº 7.
Primera instancia: el juzgado acordó el sobreseimiento provisional el 20 de agosto de 2018. Apelación: la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Segunda, registró el Rollo 1010/2018 y dictó el Auto 804/2018 el 13 de noviembre. Desestimó ambos recursos, confirmó el sobreseimiento provisional e indicó que no cabía recurso.
Por qué importan las cuatro referencias: 1103 es el origen documentado; 1132 es el expediente de investigación penal; 1010 es el rollo de apelación; 804 es la resolución dictada en ese rollo. Están interconectados, pero no son etiquetas intercambiables. El NIG común y los campos de origen expresos acreditan la cadena procesal.
Límite de identidad: cada procedimiento/referencia mostrado está confirmado por CAEPR dentro de una familia canónica (PD-SP-R-0023) y los Master IDs LZ-JUD-003/LZ-APP-004. Esta ruta first-hop congelada expresa el resultado en texto; el registro específico de la cadena muestra los cuatro carets controlados. La confirmación de identidad no prueba conducta, conocimiento, delito, título, posesión, responsabilidad ni que el razonamiento adverso fuera correcto.
Hotel / emplazamiento físico: Sun Park · MYND Yaiza — PD-SP-O-0042.
Calle Janubio 3, Playa Blanca, Lanzarote 35580, Spain. Registro del establecimiento y del emplazamiento, no identificación de una sociedad propietaria ni declaración de titularidad. Dirección canónica y variantes documentales · Actores, procedimientos y pruebas.