ESTADO PROCESAL · NO ES UNA CONCLUSIÓN DE FONDO
El último estado controlado de esta vía es un sobreseimiento provisional comunicado el 21 de julio de 2026. Esta página explica qué significa ese estado, qué no significa y por qué la preservación de prueba concreta sigue siendo relevante sin afirmar que la causa vaya a reabrirse.
Sobreseimiento provisional · 21 jul 2026
Asignación no presumida: el material de ingreso de 18 de junio asocia la denuncia AC a la referencia diaria manuscrita 22, pero no se ha localizado el reparto oficial que demuestre que esa denuncia sea DP 1956/2026. Hasta obtenerlo, ambas referencias se mantienen separadas. El digesto de separación, honorarios y denuncia controla cualquier análisis conjunto. Abrirlo →
El registro controlado documenta que DP 1956/2026 fue incoada y que la resolución comunicada el 21 de julio acordó al mismo tiempo la terminación y el sobreseimiento provisional.
Ese estado debe publicarse como tal: sobreseimiento provisional.
La existencia del sobreseimiento provisional no convierte las alegaciones en hechos probados, pero tampoco debe describirse como una absolución, un sobreseimiento libre o una determinación definitiva de que los hechos no existieron.
Regla editorial: esta página no publica ni resume asesoramiento jurídico privado sobre decisiones procesales posteriores. El estado y sus posibles efectos se explican únicamente desde fuentes jurídicas públicas y documentación procesal controlada.
Objeto actor-específico
DP 1901/2026 es la vía penal separada en la que Por Derecho ha situado la eventual culpabilidad de JDAM, LPAM, CAM / entidades Acosta Matos y los demás actores privados individualmente identificados, siempre sujeta a prueba actor por actor. DP 1956/2026 no importa automáticamente esas imputaciones.
La pregunta propia de DP 1956/2026 es distinta: qué conoció el Administrador Concursal, qué deber o facultad se activó, qué verificó u omitió verificar, qué comunicó o dejó de comunicar al Juzgado, qué resultado implementó, mantuvo o dejó sin corregir y cómo lo documentó y contabilizó. La prueba común puede cruzarse de forma limitada; la culpabilidad no.
Regla jurídica pública
El artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el sobreseimiento provisional. La doctrina pública de la Fiscalía General del Estado distingue ese estado del sobreseimiento libre y explica que, en los supuestos legalmente procedentes, la aparición de nuevos datos o elementos de prueba puede permitir solicitar una reapertura. La reapertura no es automática: depende del material nuevo, de los requisitos jurídicos aplicables y de una decisión del órgano competente.
Consecuencia práctica: preservar prueba hoy no equivale a afirmar culpabilidad ni a anticipar reapertura. Significa evitar que documentación potencialmente relevante deje de estar disponible si una autoridad competente necesita valorarla posteriormente.
La pregunta útil
No basta con acumular más comunicaciones o repetir una denuncia. Un eventual cambio de estado debe apoyarse en elementos suficientemente concretos y jurídicamente relevantes. Entre las categorías que podrían requerir una nueva valoración, sin prejuzgar su suficiencia, están:
Una resolución posterior que establezca o precise un acto concreto, un deber, un daño o una relación causal materialmente relevante para el perímetro ya examinado.
Un documento que no obrara en la causa y permita individualizar conocimiento, instrucción, autoridad, tratamiento contable, destino patrimonial o consecuencia de un acto concreto.
Una decisión deontológica, regulatoria o de control que establezca un hecho específico. La mera existencia de otro expediente no basta.
Registros de firmas profesionales u otros custodios que aporten nueva evidencia sobre relaciones, comunicaciones, archivos, conflictos, instrucciones o trazabilidad documental.
El perímetro útil debe permanecer concreto. El registro de trabajo ha identificado tres familias documentales para reconciliación, sin presentar ninguna de ellas como prueba automática de delito:
Puente contable a reproducir: textos definitivos → oferta CAM / ruta de liquidación aprobada el 16/04/2018 → umbral de mejora de tercero → Auto AP 78/2019 de 23/07/2019 → proceso competitivo 2021 → crédito efectivamente extinguido → protocolo 457 → Registro/cargas → eventual sobrante → cuentas finales; y, por separado, la rama de 400.000 €. Las magnitudes de 9.052.251,69 € (crédito reconocido), 13.065.186,68 € (suma de seis componentes impresos), 102.895,34 € (paso de 3.079.104,66 € al tope de 3.182.000 €) y 13.168.082,02 € (umbral/contraprestación declarada) tienen funciones distintas. La antigua descomposición 12,768 M€ + 400.000 € no está verificada y queda corregida.
Límite: la identidad aritmética del paso al tope no prueba exigibilidad, fraude, falsedad, doble recuperación ni conocimiento notarial. Identificar estos núcleos tampoco autoriza una investigación general o prospectiva sobre toda la actividad profesional del Administrador Concursal. La ausencia del puente completo en nuestro corpus no prueba que no exista; si existe y reconcilia la operación, puede sostener una explicación lícita.
Todo informe, producción, corrección, restitución o conciliación contable posterior debe fecharse y preservarse como un hecho posterior. Puede reducir un daño continuado o convertirse en prueba realmente nueva. No reescribe lo que se hizo, omitió o conocía en la fecha anterior y no debe describirse ni como exoneración retroactiva ni como prueba de culpabilidad previa.
Del mismo modo, una respuesta supervisora dentro del Concurso 36/2012 no constituye automáticamente una resolución penal de fondo en DP 1956/2026. Cualquier uso posterior debe identificar el hecho nuevo exacto que establece, su fuente, su fecha y su relevancia para los elementos jurídicos examinados.
La arquitectura de julio la trató como vía de actores privados/Control 21. El Auto de 14 de septiembre la trata como causa por presunta prevaricación y registra informe Fiscal de 29 de julio interesando archivo. Hasta obtener reparto/índice certificados, no se publica como hecho qué denuncia generó originalmente DP 1901 ni si existió unión, reasignación o error.
La denuncia penal presentada el 18 de junio de 2026 sobre resoluciones y actuaciones judiciales concretas, y su posterior ampliación, quedaron asociadas en el material de ingreso a la referencia diaria n.º 24. Esa referencia no es NIG ni DP. La nueva colisión de identidad obliga a obtener su destino/reparto oficial; no permite fusionarla automáticamente con DP 1901 o DP 1956.
Vía institucional y supervisora separada. El archivo de DI 169/2026 fue recurrido y el CGPJ confirmó la tramitación del Recurso de alzada 286/2026. Esa tramitación no acredita infracción disciplinaria ni responsabilidad penal.
Las decisiones de la Audiencia Provincial pueden generar hechos o valoraciones relevantes, pero una resolución civil/concursal no se convierte automáticamente en una conclusión penal.
Vía deontológica separada. Cualquier decisión debe leerse dentro de su competencia profesional y por el hecho concreto que establezca.
RSM, Grant Thornton, CNMV, SNCA u otros órganos pueden custodiar o producir evidencia dentro de sus respectivos perímetros. Su cooperación o sus hallazgos no equivalen por sí solos a responsabilidad penal.
Regla de interfaz: procedimientos separados; objetos y estándares distintos; conocimiento conexo; prueba común limitada; preservación coordinada; atribución individual; sin acumulación automática, culpabilidad colectiva ni renuncia. DP 1956/2026 no es el foro para depurar la eventual responsabilidad del Magistrado, pero tampoco debe permitirse que una resolución judicial absorba los actos, omisiones, premisas, implementación o contabilidad propios del Administrador Concursal.
Preservación y cooperación
No se le pide que apoye una acusación. Se le pide que preserve los documentos dentro de su perímetro, identifique la entidad o función correcta y coopere con cualquier requerimiento lícito y correctamente formulado de una autoridad competente, incluida una eventual solicitud futura si el estado de DP 1956/2026 cambiara.
La posibilidad jurídica de una futura reapertura no significa que exista hoy una solicitud de reapertura ni que ésta vaya a ser concedida.
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