7 DE JUNIO DE 2018 · REGISTRO DE ATRIBUCIÓN PENAL DIRECTA · ACTUALIZADO 24 AGOSTO 2026
Gil Marer y Aweswell atribuyen directamente a actores identificados de CAM / Acosta Matos y del perímetro privado conectado—los cinco son Francisco Mario Matos Matas, Antonio Cogolludo Rojas, Shaila María Cogolludo Ramos, José Daniel Acosta Matos y Laura Patricia Acosta Matos—una cadena actor-específica de instrucción, coordinación, autorización, adopción o ejecución consciente de la operación de control de Sun Park de 7 de junio de 2018; al administrador concursal, actos afirmativos de solicitud, selección, autorización, habilitación, aprobación o ratificación junto con omisiones jurídicamente equivalentes; y al juez Alberto López Villarrubia, resoluciones, negativas, cierres probatorios, demoras y omisiones que Gil alega que frustraron o sabotearon conscientemente una salida desarrollada y respaldada por financiación. Son acusaciones penales directas apoyadas en un corpus probatorio de varias capas. No son declaraciones judiciales.
Se refiere a la presunta conversión deliberada de crédito garantizado, títulos sobre unidades aisladas y mecanismos de Comunidad/seguridad en posesión física, gestión, disponibilidad del hotel completo para el proyecto y posterior beneficio económico. Gil alega además que actos y omisiones institucionales facilitaron y consolidaron ese resultado y frustraron la alternativa de salida. El registro acredita una arquitectura de salida desarrollada y financiable; no acredita dinero incondicional, cierre seguro ni éxito garantizado.
La atribución es directa. La fuerza probatoria, el material contrario, la prueba pendiente y la adjudicación son campos separados. El registro permite publicar y exigir investigación de las acusaciones, mientras el archivo provisional de 2018 y su confirmación en apelación permanecen destacados. La falta de una orden nativa o prueba completa del elemento subjetivo no borra la acusación; la acusación no acredita culpabilidad.
CONVERGENCIA DOCUMENTAL
Una denuncia presentada en abril de 2018 describe episodios previos de acceso, participación de JDAM/FMMM, afirmaciones de propiedad del hotel completo y presuntos intentos de obtener la cooperación del encargado. Es un escrito de parte que exige autenticar llamadas, transcripciones, imágenes y testigos.
El registro de la Comunidad enlaza el interés habilitado para votar de aproximadamente 0,385% asociado a Shaila Cogolludo, la presidencia de Antonio Cogolludo, la secretaría-administración de FMMM, autorización de seguridad privada y una petición del administrador concursal realizada utilizando la posición mayoritaria de LPB.
Correos contemporáneos informan de acceso forzado a entrada/recepción, exigencia de llaves, cambio de cerraduras, seguridad, identificación de clientes y afirmación de que CAM era dueña de todo el complejo.
Disputas posteriores sobre acceso, obras, inspección, valoración y la operación separada de 31 fincas abren una investigación contable y de control real sobre bienes concursales y extraconcursales.
Las representaciones inversoras sobre el proyecto integrado precedieron a la adjudicación posterior; en 2022 consta control directo de Acosta Matos en la Comunidad y el proyecto.
El primer correo de 7 de junio utiliza el literal de fuente «Laura Matos» para la abogada de CAM y relata que ella y personal de la Comunidad acudieron a «tomar posesión», forzaron la entrada/recepción, exigieron llaves, controlaron a clientes y dijeron que el complejo era suyo. La identidad canónica del repositorio es Laura Patricia Acosta Matos. Un seguimiento del mismo día dice que la parte CAM mostró un documento afirmando la propiedad de todo el complejo mientras la Comunidad invocó el acta de 18 de mayo.
La denuncia de 11 de abril alegó que un acreedor garantizado actuaba como si ya fuera propietario y solicitó investigación penal. La ampliación de 7 de junio atribuyó conducta directa ese día a Antonio Cogolludo y al actor Laura Acosta Matos identificado allí con un nombre diferente controlado como errata; la identidad canónica es Laura Patricia Acosta Matos. Esta formulación conserva fielmente la fuente sin crear una segunda persona.
CAM tenía una posición acreedora garantizada reconocida. El punto de control posterior distingue 54 fincas CAM, 190 fincas LPB y 18 fincas de terceros. Un acreedor hipotecario o propietario de unidades individuales no era por ello propietario o poseedor de todas las unidades, de los derechos de CEXP o del negocio hotelero.
El administrador concursal aparece vinculado a la vía de autoridad de acceso/seguridad de 18 de mayo y posteriormente ofreció una explicación de autorización más limitada. El juzgado recibió denuncias y solicitudes. La responsabilidad penal exige probar qué sabía, podía hacer y decidió cada actor en cada fecha.
Identidad canónica, atribución de parte y literal de fuente son campos separados. La narrativa pública usa Laura Patricia Acosta Matos; las palabras exactas de las fuentes permanecen exactas. Ningún derivado puede afirmar que el correo o el escrito dijeron literalmente el nombre completo corregido cuando no fue así.
CONVERGENCIA DE CAPACIDADES 2017–2022
| Capacidad / nodo | Qué sostiene el registro controlado | Qué no confería por sí solo |
|---|---|---|
| Sentencia de 18 abril 2017 | Alteró materialmente la base histórica invocada para cuotas de Comunidad; su efecto por finca y periodo debe aplicarse a las deudas y votos posteriores. | Una declaración universal de invalidez de todo acto posterior de la Comunidad. |
| Documento Pink→LPB de 22 mayo 2017 | Existe un instrumento facialmente firmado de acceso/llaves o posesión. No se ha desplazado su autenticidad, pero se discuten capacidad, zonas e inventario exacto. | El sistema maestro de llaves CEXP, fincas de terceros o posesión CAM de todo el hotel. |
| Comunidad de 12 junio 2017 | Aproximadamente 87,098% presente/representado y aproximadamente 6,545% habilitado para votar; presidía Antonio Cogolludo y FMMM era secretario-administrador. | Prueba de instrucción directa CAM a esos cargos ni potestad de un electorado reducido para transmitir posesión ajena. |
| Fincas 8.499 y 8.500 | El instrumento localizado de 2016 era condicional; en abril de 2017 el Registro aún mostraba Montelanza; una relación de 2018 mostró CAM. | El puente ausente de cumplimiento de condición, contraprestación y transmisión posterior. |
| Crédito garantizado | El registro actual sitúa la cesión PH122→CAM el 20 octubre 2017 y el reconocimiento judicial el 15 febrero 2018, sujeto a escritura nativa completa. | Propiedad, administración interina o posesión de todos los bienes LPB/CEXP/Matkator/terceros. |
| Inversión de autoridad de 18 mayo 2018 | Aproximadamente 86,715% presente/representado, aproximadamente 0,385% habilitado, seguridad hasta €8.500/mes y petición del AC de utilizar la mayoría LPB para convocar la vía. | Posesión facial de todo el hotel, desalojo, explotación o extinción de derechos de terceros. |
| Control directo febrero 2022 | Votaron tres sociedades Acosta Matos; presidió JDAM; FMMM siguió como secretario-administrador y firmante conjunto; se aprobaron proyecto, obras, licencias y unidad operativa CAM. | Prueba retroactiva de que JDAM, esas sociedades o FMMM emitieron la orden operativa de 7 junio 2018. |
Entre 2017 y 2022 convergieron las posiciones CAM de titular aislado, partícipe/beneficiario de la Comunidad y acreedor garantizado. Gil atribuye directamente que, en los hechos de control de 2018, esas posiciones se convirtieron deliberadamente en posesión y gestión material fuera del perímetro legítimo de activos y crédito CAM. La prueba y la cadena de mando pendiente se clasifican separadamente; en 2022 constaba control directo CAM de Comunidad y proyecto.
ATRIBUCIÓN PENAL DIRECTA · INSTRUCCIÓN PRIVADA
Gil alega que la operación de 7 de junio no fue una improvisación no autorizada de un cerrajero o vigilante, y que CAM, Francisco Mario Matos Matas, Antonio Cogolludo Rojas, Shaila Cogolludo Ramos, José Daniel Acosta Matos y Laura Patricia Acosta Matos, junto con proveedores y otros participantes separadamente identificados, formaron o utilizaron una cadena coordinada de autoridad, instrucción y ejecución para convertir derechos limitados de crédito, título y seguridad en control práctico de todo el hotel. La inclusión en la cadena no atribuye idéntico acto a cada persona: orden, presencia, transmisión, voto, implementación, conocimiento, propósito y beneficio deben probarse actor por actor.
| Proposición | Apoyo actual | Estado | Puente ausente |
|---|---|---|---|
| Función institucional de CAM | Condición de acreedor, representación CAM en el acto, documento de propiedad total supuestamente mostrado y beneficio posterior del proyecto. | Alegación directa atribuida | Mandato del consejo/dirección, órdenes, pagador y ratificación. |
| Instrucción o coordinación de JDAM | Alegaciones previas de acceso/propiedad/control, entrega futura anunciada, posición CAM y control posterior de gobierno/proyecto. | Alegación directa atribuida | Mensajes/llamadas nativos, atribución testifical, autoridad societaria y adopción posterior. |
| Instrucción o ejecución de FMMM | Cargo de secretario-administrador, episodio previo alegado, aparato de deuda/voto/archivo/seguridad y continuidad posterior. | Alegación directa atribuida | Comunicaciones 18 mayo–7 junio, órdenes a proveedores y certificaciones/registros. |
| Antonio Cogolludo Rojas — presidencia e implementación | Presidía la Comunidad y la vía de seguridad de 18 de mayo; la ampliación de 7 de junio le atribuyó actuación directa y su declaración posterior reconoció la sustitución del sistema de códigos por vigilancia, mientras negó cambios de cerraduras más amplios. | Alegación directa actor-específica | Comunicaciones con CAM, AC, FMMM y proveedores; órdenes exactas, presencia, alcance, conocimiento y prueba contraria. |
| Shaila Cogolludo Ramos — voto y transmisión operativa | Figura como tesorera e interés vinculado al 0,385% habilitado. Su declaración preservada sitúa a la Comunidad comunicando decisiones al AC, cambiando mecanismos de acceso y transmitiendo a los vigilantes una regla del AC, además de permitir acceso CAM como propietario. | Alegación directa; actos declarados diferenciados | Autoridad y voto exactos, comunicaciones, orden concreta, participación física, conocimiento, finalidad y prueba contraria. |
| Laura Patricia Acosta Matos — participación directa ese día | Atribución expresa de Gil; literal del correo coetáneo «Laura Matos»; escrito presentado sobre el actor Laura Acosta Matos con el nombre diferente controlado como errata. | Alegación directa actor-específica | Mandato CAM, presencia, órdenes exactas, testigos, comunicaciones, conocimiento, finalidad y prueba contraria. |
| Separación literal de fuente / identidad canónica | La identidad canónica es Laura Patricia Acosta Matos. El correo nativo y el escrito se conservan como fueron redactados y no se sustituyen silenciosamente. | Corrección controlada | Paquete certificado del escrito, mapa de anexos/páginas y consolidación final de la base documental de la errata. |
Gil atribuye directamente participación actor-específica a los cinco. En particular, Gil atribuye directamente participación y responsabilidad a Laura Patricia Acosta Matos. Identidad, mandato, presencia, voto, transmisión, instrucciones exactas, conocimiento, finalidad, contribución, beneficio y responsabilidad penal son campos probatorios y adjudicativos separados. La prueba incompleta no convierte la acusación directa en una mera pregunta ni permite presentar la responsabilidad como declarada.
Una llamada grabada de 22 de marzo—cuya atribución de voz a JDAM sigue siendo contextual y no autenticada técnicamente—contiene indicios de acceso anticipado, Comunidad, vigilantes, exclusión y lenguaje de ocultación. El registro principal no sitúa físicamente a JDAM en el hotel el 7 de junio. Ninguna orden nativa recuperada prueba actualmente la instrucción operativa. La prueba concreta la acusación directa de Gil y sostiene el requerimiento de producción; no constituye un hecho penal adjudicado.
ACREEDOR EN POSESIÓN MATERIAL
Project Sun Rock alega que CAM pasó de la protección y ejecución de un crédito garantizado a posesión, dirección, uso y gestión de activos antes de la adjudicación formal. Las consecuencias conforme al Derecho español deben derivarse de los actos reales, no de la etiqueta inglesa.
No se ha localizado en el corpus revisado instrumento que autorizase a CAM a asumir administración o posesión interina conforme al artículo 690 LEC o autoridad concursal equivalente. Es un resultado del corpus, no una afirmación categórica de inexistencia. La hipoteca sujeta el bien a ejecución; no transmite por sí sola la posesión ni permite apropiación por el mero derecho de garantía.
¿Quién tenía llaves, bombines, vigilantes, registros y poder práctico de admitir o excluir?
¿Quién controlaba clientes, reservas, depósitos, personal, contratistas, suministros, seguros y representación turística?
¿Quién autorizó obras, soportó gastos, afectó a la valoración, retiró bienes o permitió deterioro?
¿El control práctico bloqueó ONA, financiación, inspecciones, ofertas competidoras o salida del concurso?
¿Qué rentas, valor de uso, ingresos, costes evitados o valor de proyecto surgieron durante el control previo a la adjudicación?
LPB, CEXP, Matkator y otros propietarios exigen título, legitimación y contabilidad separados.
La hipótesis es más fuerte cuando personas del perímetro CAM ejercieron realmente funciones de administrador o los decisores formales siguieron habitualmente sus instrucciones: acceso, operadores, obras, ingresos, estrategia concursal, disposiciones o uso de activos LPB en la promoción del proyecto.
Aunque nadie sustituyera al órgano societario completo, el control práctico de activos concretos de la masa puede exigir restitución, rendición de cuentas, daños o examen penal.
El control hotelero debe probarse con reservas, recepción, personal, cuentas merchant, mantenimiento, suministros, seguros y registros comerciales.
El control de derechos de Matkator, CEXP o terceros se analiza como posesión, interferencia, uso, obras o explotación no autorizados, no como administración de bienes que LPB no poseía.
La ley societaria española extiende la responsabilidad a los administradores de hecho, incluidas las personas que desempeñan realmente funciones de administrador sin título o bajo cuyas instrucciones actúan los administradores formales. Es un test probatorio, no una etiqueta automática nacida de la influencia acreedora.
El periodo contable comienza en la primera fecha en que se pruebe acceso material, poder de decisión, uso o beneficio económico, no solo con la adjudicación o inscripción posterior. Debe separar ingresos, reservas/depósitos, valor de ocupación, gastos imputados, deterioro, costes evitados, pagos vinculados, obstrucción del rescate, la vía de 31 fincas y el valor MYND posterior. Cada partida se asignará al reclamante jurídicamente correcto—LPB/la masa, Aweswell, CEXP, Matkator, Pink, otro propietario u otra persona—sin doble recuperación.
ADMINISTRADOR CONCURSAL
Gil alega que el administrador concursal habilitó, aprobó o ratificó penalmente la operación de 7 de junio y que no fue un observador pasivo: participó afirmativamente al promover la vía de seguridad, seleccionar un proveedor, procurar su ratificación comunitaria y autorizar accesos limitados a bienes LPB; y que esos actos habilitaron o fueron utilizados para la operación más amplia. Alega además aprobación o ratificación consciente y, una vez conocido el presunto exceso, omisiones jurídicamente equivalentes al no delimitar, supervisar, recuperar el control, proteger bienes concursales y extraconcursales, exigir cuentas, revertir los efectos o presentar correctamente el cambio de control al juzgado.
El tratamiento controlado de la declaración del administrador de 31 de julio de 2018 registra selección de proveedor de seguridad, búsqueda de ratificación de la Comunidad, autorización para abrir puertas de determinados espacios LPB cuando fuese necesario y autoridad limitada para que un actor Laura Acosta entrase en locales LPB con fines de mantenimiento o supervisión. Leída íntegramente, es un nodo afirmativo de autoridad y a la vez una explicación más estrecha, potencialmente exculpatoria: el propio administrador negó autorizar uso, ocupación o la toma principal.
Un mandato válido y limitado de seguridad/mantenimiento fue excedido sin conocimiento del administrador. No se deriva aprobación penal de ese solo hecho.
Se creó o no se controló un riesgo previsible. Deben probarse deber, incumplimiento, causalidad y daño.
Tras conocer los hechos, el administrador tenía poder jurídico y práctico de intervenir pero conservó conscientemente el resultado. Son esenciales el delito específico y su elemento subjetivo.
El administrador pretendía la transferencia más amplia de control o la coordinó con actores privados. Se requiere prueba directa o circunstancial especialmente concluyente.
La negativa del administrador respecto de la toma principal de cerraduras es prueba contraria importante. Su referencia a un acceso más limitado lo coloca simultáneamente dentro de la cadena de autoridad. Las preguntas decisivas son alcance, previsibilidad, primer aviso, respuesta, recuperación, contabilidad y uso posterior del resultado.
El silencio, la pasividad, el incumplimiento profesional o la supervisión negligente no prueban por sí solos cooperación penal. El artículo 11 CP exige deber concreto de protección, conocimiento, capacidad práctica de intervenir, equivalencia causal y el elemento subjetivo del delito subyacente. La imprudencia solo se castiga cuando el Código lo prevé expresamente. Este límite probatorio no diluye la acusación directa de Gil.
ACTOS JUDICIALES AFIRMATIVOS Y OMISIONES · ALEGACIÓN DE PREVARICACIÓN
Gil alega directamente prevaricación judicial por omisión. Esa es una dimensión de la acusación unitaria, no su límite: también atribuye resoluciones y negativas afirmativas presuntamente injustas.
Gil alega que la intervención del juez Alberto López Villarrubia no consistió sólo en omisiones. Atribuye una secuencia unitaria de actos judiciales afirmativos—resoluciones, negativas y cierres probatorios sobre protección del hotel y de la masa, control y obras, licitación/adjudicación y, finalmente, adopción de proposiciones acusatorias en la Sentencia 163/2023—junto con demoras y omisiones de tutela, restauración, investigación y rendición de cuentas. Gil alega que, con conocimiento de una arquitectura de salida desarrollada y respaldada por financiación, esa secuencia preservó o legitimó el resultado de control privado y frustró o saboteó conscientemente la salida de LPB del concurso. Es su acusación penal directa, no un hecho penal declarado.
El registro documenta el convenio, plan de viabilidad y plan de pagos presentados el 27 de abril de 2017 y, en junio de 2018, instrumentos hoteleros firmados, plan de operador, due diligence, valoración ECO, garantías escalonadas y rutas paralelas de financiación. El registro controlado identifica una sola reunión directa con el juez: la relatada contemporáneamente por Daniel Irigoyen el 13 de junio de 2018, seguida de una reunión separada con el administrador concursal. El relato dice que el juez permitió explorar la vía y pidió promover la solicitud, lo que es prueba contraria a una teoría simplista de obstrucción continua. La financiación de junio era condicional y una ruta posterior alcanzó un term sheet firmado sujeto a condiciones. Esto acredita una arquitectura desarrollada y financiable; no acredita varias visitas al juez, fondos incondicionales, cierre o éxito garantizados, ni que cada anexo fuera recibido o leído personalmente por él.
Gil alega directamente que Aweswell había cumplido, o estaba preparada y capacitada para cumplir, las condiciones del lado promotor y de contraparte sometidas a su control legítimo. Alega que las condiciones operativamente bloqueantes dependían, en cambio, de preservar y entregar el colateral y las garantías escalonadas, mantener acceso para inspección, valoración y explotación hotelera, obtener las actuaciones del juzgado y del administrador concursal exigidas por los documentos financieros e impedir que el perímetro privado/Comunidad adverso inutilizara esos elementos. Según Gil, el mecanismo alegado de control privado o acreedor en posesión destruyó o dejó indisponible el paquete de garantías, obstaculizó el pago o consignación del pasivo concursal e impidió la refinanciación. Es la atribución causal y de sabotaje formulada por Gil, no una declaración de que se cumplieran todas las condiciones, de que el cierre fuera seguro ni de que un actor identificado causara la falta de cierre.
| Condición / vía | Estado controlado exacto | Límite pendiente |
|---|---|---|
| Lado promotor/contraparte de Aweswell | Gil alega que Aweswell había realizado o podía realizar a tiempo las actuaciones del lado promotor bajo su control y aportar la documentación exigida de promotor, garantía, carta de confort, financiación, operador y seguridad. | La copia VSO de junio revisada no acredita aceptación firmada por Aweswell, un libro completo de condiciones ni cumplimiento o dispensa de cada condición. Un term sheet posterior sí fue firmado, pero seguía condicionado y no era contrato de financiación ni desembolso. |
| Vía operativa ONA / Clubotel | El arrendamiento de industria hotelera y la adenda suspensiva de 6 de junio recuperados están firmados por la Comunidad de Propietarios Sun Park y Clubotel La Dorada, S.L.; la correspondencia contemporánea describía a ONA como operador previsto. La eficacia dependía de ingresar en Mercantil nº1 fondos suficientes para sacar a LPB del concurso y de la resolución favorable exigida de los propietarios. | ONA era el contexto operador, no el financiador. El registro no acredita que ONA y Clubotel fueran la misma persona jurídica, que la Comunidad pudiera vincular cada finca, que se cumplieran ambas condiciones suspensivas ni que comenzara la explotación bajo el instrumento. |
| Financiación Stoneweg / VSO | El instrumento emitido por el financiador era una Oferta Vinculante Condicionada a Aweswell de hasta 15,5 M€, sujeta a hipotecas de primer rango y al LTV acordado del 65%; autorización judicial para las hipotecas VSO; certificado del AC de que el pasivo concursal y contra la masa no superaba 13,84 M€; valoración ECO de primer nivel aceptable; due diligence jurídica/registral de Matkator; aprobación de dirección/comité de crédito VSO; y otras condiciones societarias/de control. | La remisión Stoneweg denominó al adjunto «Oferta Vinculante», pero el instrumento era condicional. Siguen sin probarse aceptación final, aprobación del comité, contrato definitivo, cumplimiento o dispensa de condiciones, cierre y desembolso. |
| Vía Ben Oldman | El repositorio identifica una vía de financiación Ben Oldman separada entre las rutas paralelas sometidas a examen. | Es una vía identificada, no un contrato de financiación ejecutado localizado, aprobación final del financiador, cierre o desembolso. |
| Alternativa Lagune / Elaia | Lagune Hospitalidad / Groupe Batipart firmó una propuesta de 26 M€ con fondos propios, expresamente indicativa y no vinculante. Aweswell firmó por separado una carta condicional de derecho preferente dirigida a Elaia Investment Spain SOCIMI, S.A. | La aceptación vendedora en la LOI Lagune y la aceptación de Elaia en la carta separada estaban en blanco; quedaban consejo, due diligence, SPA definitivo, título limpio y cierre. El registro no acredita que Lagune fuera filial de Elaia ni que Elaia aceptara un take-out vinculante. |
| Dependencias de juzgado, AC, colateral y perímetro adverso | Las condiciones financieras documentales exigían expresamente autorización judicial hipotecaria y certificado de deuda del AC; la diligencia, valoración, acceso, conservación y entrega del colateral eran materiales para la vía de garantías escalonadas. El registro también respalda una inspección interior posterior incompleta en medio del conflicto de acceso. | Gil alega que actos de control privado y actos u omisiones institucionales inutilizaron esos elementos. Valoración, propietarios, financiador y comité conservaban decisiones de tercero independientes; el fracaso, impedimento, dispensa y efecto causal exactos de cada condición exigen un libro condición por condición. |
El Código Penal español diferencia entre dictar a sabiendas una resolución injusta, dictar por imprudencia grave una resolución manifiestamente injusta, negarse a juzgar sin causa legal y provocar un retardo malicioso para conseguir una finalidad ilegítima. Cualquier teoría de comisión por omisión exige además un deber jurídicamente equivalente y el elemento subjetivo necesario. Que el juez no concediera la medida solicitada no constituye por sí solo prevaricación.
Cada acto alegado debe calificarse conforme a la norma penal vigente cuando ocurrió, sin perjuicio de la aplicación retroactiva de la ley posterior más favorable al reo conforme al artículo 2.2 CP. El texto consolidado actual es un punto de consulta, no autorización para proyectar retrospectivamente redacciones posteriores.
La alegación identificada concierne al juez Alberto López Villarrubia. Los nodos controlados de aviso/decisión incluyen un escrito de 27 abril 2017, una conversación reportada de 13 junio 2018, el escrito/registro de 4/17 febrero 2021, el auto firmado de 24 febrero 2021 y la Sentencia 163/2023. Los actos contrarios o correctivos—incluidos la suspensión de 26 junio 2018, la no convalidación de 24 octubre 2019 y aspectos parcialmente estimatorios del auto de 2021—deben conservarse en la misma matriz. No se atribuyen al juez borradores o material informal sin prueba de recepción.
La jurisprudencia excepcional sobre omisión en prevaricación administrativa no se traslada automáticamente a la conducta jurisdiccional. La alegación debe clasificarse mediante la resolución, negativa o demora deliberada exacta conforme a los artículos 446–449 CP.
| Elemento requerido | Pregunta |
|---|---|
| Juez y capacidad exactos | ¿Qué juez, órgano, fecha y función procesal? |
| Asunto debidamente sometido | ¿Qué escrito, prueba, petición y justificante? |
| Competencia y deber | ¿Qué poder y deber jurídico de decidir, proteger o restaurar existía? |
| Resolución afirmativa/negativa/demora/omisión | ¿Qué conducta judicial precisa—incluida la adopción de una premisa o consecuencia—se considera penal? |
| Prueba ante el actor | ¿Qué conocía demostrablemente el juez entonces? |
| Injusticia objetiva/arbitrariedad | ¿Por qué es más que error recurrible o interpretación discutible? |
| Conocimiento y finalidad | ¿Qué prueba conocimiento de la injusticia o finalidad ilegítima maliciosa? |
| Causalidad de la salida y beneficio | ¿Qué condición dependía del juzgado, qué acto frustró o preservó la alternativa y qué control, pérdida o ventaja privada siguió? |
La web registra la acusación directa y la matriz probatoria. No anuncia como acreditado un delito judicial. La existencia de una denuncia, escrito ante CGPJ o recepción institucional prueba aviso procesal, no el fondo.
REGISTRO CONTRARIO
La denuncia por la entrada física no produjo condena. El archivo y su resultado en apelación deben leerse íntegramente y compararse con el registro posterior ampliado de título, crédito, Comunidad, financiación y beneficio. Su efecto jurídico no se deduce solo de la palabra «provisional»: cualquier vía renovada debe comparar personas/hechos, investigación realizada, firmeza e indicios genuinamente nuevos o actos posteriores distintos.
El administrador negó la instrucción de la toma principal y aludió a un acceso más limitado. Puede ser exculpatorio; también exige el expediente de alcance y respuesta.
Crédito válido y propiedad de fincas aisladas no prueban autoridad sobre todas las unidades. La titularidad parcial tampoco prueba criminalidad.
La adjudicación/transmisión de 2021–2022 puede establecer derechos posteriores. No demuestra retroactivamente la base jurídica del control de junio de 2018.
El relato de Irigoyen atribuye al juez apertura inicial a explorar la salida; constan además la suspensión de 26 de junio de 2018, la no convalidación de 24 de octubre de 2019, aspectos parcialmente estimatorios del auto de 2021 y el rechazo o limitación de ramas acusatorias en la Sentencia 163/2023. Deben confrontarse acto por acto con la alegación unitaria.
REQUERIMIENTOS FINITOS DE PRODUCCIÓN
Mensajes y llamadas nativos; mandatos; actas societarias; redacción de 18 de mayo; contrato y pagador de seguridad/cerrajero; recibo de llaves; listado de títulos; testigos; adopción e informe posteriores.
Mandato CAM, datos de contacto, ubicación, testigos, comunicaciones y anexos originales suficientes para probar o descartar su participación alegada, instrucciones exactas, conocimiento y finalidad. La identidad está controlada; la conducta debe probarse.
Expediente completo de 18 de mayo; límites; primer aviso; medidas de protección; solicitudes al juzgado; inventario de acceso; cuentas de uso/ingresos; protección de terceros; tratamiento en calificación y prueba contraria.
Solicitud exacta posterior al 13 de junio, anexos y justificante; certificado de deuda del AC; condición/garantía requerida; resoluciones, negativas, cierres probatorios, vistas y tiempos; cumplimiento, bloqueo o fracaso de cada condición financiera; y nexo entre cada acto u omisión y la frustración alegada.
CAM, Francisco Mario Matos Matas, Antonio Cogolludo Rojas, Shaila Cogolludo Ramos, José Daniel Acosta Matos, Laura Patricia Acosta Matos, Pamanil/Pamalexsha, los proveedores, el administrador concursal, el juez/juzgado y cada actor separado conservan derecho completo de respuesta, corrección de identidad y aportación exculpatoria. El silencio no es admisión.