# Denuncia al Magistrado — presentada el 18 de junio de 2026 > Transcripción pública derivada del PDF enlazado. Se preservan la numeración y el orden de páginas. Los datos personales y las firmas se sustituyen por rótulos de omisión. El PDF controla cuando la extracción modifica saltos o columnas. ## Página pública 1 de 31 Fotografía de la copia de presentación: anotación manuscrita dirigida al Juzgado de Instrucción que por turno corresponda; sello del Decanato de los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria de 18 de junio de 2026; referencia diaria manuscrita n.º 24. Los datos personales se omiten. ## Página pública 2 de 31 A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS CON SEDE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA HOJA DE PRESENTACIÓN Y MANIFIESTO DEL PAQUETE DOCUMENTAL Denunciante D. Gil Marer — NIE [DATO PERSONAL OMITIDO] Persona respecto de la que se comunican los D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez hechos Concurso Ordinario nº 36/2012 — Luchy Playa Procedimiento de origen Blanca, S.L.U. Denuncia escrita y notitia criminis; no querella formal Naturaleza ni personación Fecha 17 de junio de 2026 Correo de notificación [DATO PERSONAL OMITIDO] 1. OBJETO DE LA ENTREGA Se presenta una denuncia penal directa, acompañada de un núcleo documental limitado y proporcionado. El paquete no pretende sustituir el expediente judicial certificado: solicita que la Sala preserve, obtenga y examine el registro oficial mínimo antes de decidir sobre competencia, inadmisión, archivo, incoación o eventual necesidad de querella formal. La documentación seleccionada se aporta para acreditar la verificabilidad de los cinco núcleos expuestos: salida financiada y conocimiento; crédito, umbral y cosa juzgada; operación OB REM y no convalidación; licitación/adjudicación; e identidad societaria. 2. CONTENIDO DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN ●​ Documento principal: Denuncia Penal Directa — versión final controlada, 31 páginas. ●​ Anexos 1 a 10: núcleo documental selectivo, en el orden exacto indicado en la denuncia y en este manifiesto. ●​ PDF unificado para presentación y archivos separados en PDF/DOCX para control y eventual subsanación. ●​ Manifiesto SHA-256 para identificar los archivos digitales generados. 3. DOCUMENTOS BLOQUE ●​ Se incorporan al final del escrito de denuncia DOCUMENTO F-1 — Decreto de Fiscalía correspondiente a las DIP 2/2026 y DOCUMENTO F-2 — Oficio o comunicación de notificación correspondiente a las DIP 2/2026 — decreto de archivo de 6 de marzo de 2026 y oficio de notificación — quedando pendiente el resto hasta cuando se disponga de copia. Su ausencia no altera la solicitud de incorporación de oficio formulada en la denuncia. 4. ÍNDICE EXACTO DE ANEXOS ANEXO 1 — Comunicación de Daniel Irigoyen Fujiwara — 13 de junio de 2018 Evidencia contemporánea del encuentro con el Magistrado-Juez y el Administrador Concursal, de la estructura coordinada de salida y de los pasos identificados para pago o consignación. ANEXO 2 — Oferta vinculante condicionada de financiación — 12 de junio de 2018 Acredita la existencia de una estructura de financiación real y documentada, sujeta a condiciones de cierre y a implementación concursal. ## Página pública 3 de 31 ANEXO 3 — Auto de 4 de junio de 2018 — extracto disponible Contiene el uso de las actas de saldo aportadas por CAM para fijar las cantidades que debía satisfacer un tercero. Se solicita testimonio certificado íntegro. ANEXO 4 — Auto AP nº 78/2019, de 23 de julio — extracto disponible Delimita que no era el momento de determinar la cantidad definitiva de intereses moratorios ni su calificación, sino la suma a mejorar por un tercero. Se solicita copia certificada íntegra. ANEXO 5 — Auto de 24 de octubre de 2019 — extracto disponible Refleja el rechazo de la convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018. Se solicita testimonio certificado íntegro y trazabilidad posterior. ANEXO 6 — Auto de 12 de mayo de 2020 Resolución central para contrastar la posterior invocación de cosa juzgada con el alcance delimitado por la Audiencia Provincial. ANEXO 7 — Escrito Aweswell sobre estado y preservación de la masa activa Acredita la comunicación formal de cuestiones materiales relativas al estado, control y preservación de los activos. ANEXO 8 — Escrito CAM frente a las alegaciones de Aweswell — 15 de febrero de 2021 Permite identificar el contradictorio, la posición de la contraparte y el conocimiento procesal existente. ANEXO 9 — Auto de 24 de febrero de 2021 Resolución relacionada con las alegaciones sobre la masa activa y la continuación de la liquidación. ANEXO 10 — Auto AP de 23 de diciembre de 2021 — recurso de queja 741/2021 — extracto Acredita la naturaleza de la resolución como recurso de queja sobre recurribilidad, no como liquidación autónoma y firme del crédito. Se solicita copia certificada íntegra. 5. ALCANCE Y CAUTELAS DOCUMENTALES ●​ Los Anexos 3, 4, 5 y 10 son extractos de copias actualmente disponibles. Se solicita expresamente testimonio certificado íntegro de las resoluciones y de sus antecedentes, notificaciones y asientos. ●​ La comunicación de Daniel Irigoyen se aporta como documento contemporáneo y fuente de localización; no se presenta como acta judicial ni como prueba definitiva de manifestaciones atribuidas a terceros. ●​ La oferta de financiación acredita una estructura documentada y sujeta a condiciones de cierre; no se afirma que el desembolso fuera incondicional o automático. ●​ La documentación sobre los 400.000 euros, intereses, identidad societaria, licitación y titulación se reserva para la fase documental certificada y, en su caso, pericial. No se formula una conclusión anticipada de responsabilidad penal. ●​ La denuncia reconoce las explicaciones potencialmente lícitas identificadas —incluida la pendencia del recurso de apelación— y solicita su contraste objetivo con el expediente certificado. 6. RESERVA DOCUMENTAL La carpeta “04_Reserva_Documental” del paquete digital contiene compilaciones, análisis y actuaciones institucionales que no forman parte del PDF unificado de presentación inicial. Su conservación permite localizar materiales y aportarlos selectivamente a requerimiento, evitando una entrega indiscriminada que oscurezca el núcleo penal. 7. CONTROL FÍSICO DE PRESENTACIÓN ●​ ☐ Se firma manuscritamente la denuncia y esta hoja de presentación. ●​ ☐ Se aporta el PDF unificado completo. ## Página pública 4 de 31 ●​ ☐ Se presenta copia de resguardo y solicita sello, fecha, hora y número de registro. ●​ ☐ Se conservar el ZIP original y el manifiesto SHA-256 sin modificaciones. 8. RECEPCIÓN Órgano / oficina ​ ​ Número de registro / expediente ​ ​ Fecha y hora ​ ​ Sello / firma ​ ​ En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026. [FIRMA E IDENTIFICADOR OMITIDOS] ## Página pública 5 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS A LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL​ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS​ CON SEDE EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ASUNTO DENUNCIA PENAL Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DIRECTA, TRAS EL ARCHIVO SIN EFECTO DE COSA JUZGADA DE LAS DIP 2/2026, SOBRE HECHOS Y DOCUMENTACIÓN NO EXAMINADOS RELATIVOS A LA ACTUACIÓN JUDICIAL EN EL CONCURSO ORDINARIO 36/2012 SOLICITUD DE VALORACIÓN A LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 73.3.b), 406 Y 407 LOPJ Y 264 A 269 LECrim DENUNCIANTE: D. Gil Marer, NIE [DATO PERSONAL OMITIDO] PERSONA RESPECTO DE LA QUE SE COMUNICAN LOS HECHOS: D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: Concurso Ordinario nº 36/2012 de Luchy Playa Blanca, S.L.U., antiguo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas NATURALEZA: Denuncia escrita y notitia criminis; no querella formal ni personación como acusación FECHA: 17 DE JUNIO DE 2026 DOCUMENTO PRINCIPAL — VERSIÓN FINAL PARA PRESENTACIÓN DIRECTA Página 1 de 27 ## Página pública 6 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS ÍNDICE ÍNDICE​ 2 I. ANTECEDENTE PROCESAL INMEDIATO: DIP 2/2026 Y EJERCICIO DE LA VÍA JUDICIAL EXPRESAMENTE PRESERVADA​ 4 1. Denuncia inicial y ampliación​ 4 2. Incoación de las DIP 2/2026​ 5 3. Archivo sin efecto de cosa juzgada y preservación de la vía judicial​ 5 4. Diferencia material entre las DIP 2/2026 y la presente denuncia judicial​ 5 II. COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA DENUNCIA Y CAUCE PROCESAL SOLICITADO​ 6 III. RESUMEN EJECUTIVO Y DELIMITACIÓN ESTRICTA DEL OBJETO PENAL​ 6 IV. CUATRO PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN CONCENTRAN EL NÚCLEO DOCUMENTAL​ 7 V. MÉTODO DE ATRIBUCIÓN: HECHO DOCUMENTADO, INFERENCIA, ALEGACIÓN​ 8 VI. NÚCLEO 1 — ALTERNATIVA FINANCIADA DE CONCLUSIÓN Y CONOCIMIENTO JUDICIAL​8 1. Contexto de junio de 2018​ 8 2. Comunicación de Daniel Irigoyen de 13 de junio de 2018​ 9 3. Formalización y seguimiento de septiembre de 2018​ 9 4. Relevancia respecto de resoluciones posteriores​ 10 Disciplina probatoria del núcleo 1​ 10 VII. NÚCLEO 2 — CRÉDITO, 13,1 M€ Y POSTERIOR INVOCACIÓN DE COSA JUZGADA​ 10 1. Magnitudes que deben distinguirse​ 10 2. Actas de saldo y cifra próxima a 13,1 millones​ 11 3. Auto de 4 de junio de 2018 y delimitación del umbral por la Audiencia Provincial​ 11 4. Auto de 12 de mayo de 2020 y tensión interna​ 12 5. Resoluciones de 2021 y cierre progresivo​ 12 6. Contraste Parodi / Talleres Jinámar​ 12 7. Efecto sobre salida financiada y terceros​ 12 Disciplina probatoria del núcleo 2​ 13 VIII. NÚCLEO 3 — OPERACIÓN OB REM, NO CONVALIDACIÓN Y FALTA DE IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICADA​ 13 1. Escritura de 28 de noviembre de 2018​ 13 2. Auto de 24 de octubre de 2019​ 13 3. Pregunta de implementación​ 13 4. Trazabilidad de los 400.000 euros​ 14 5. Conexión con resoluciones posteriores​ 14 Disciplina probatoria del núcleo 3​ 14 IX. NÚCLEO 4 — LICITACIÓN, COMPETENCIA EFECTIVA Y ADJUDICACIÓN​ 14 1. Estado de la masa y Auto de 24 de febrero de 2021​ 14 2. Auto de 6 de mayo y decisiones de mayo de 2021​ 14 3. Publicidad, notificación y perímetro​ 15 4. Ottawa GBC y ONA​ 15 5. Adjudicación y títulos de 2022​ 15 Disciplina probatoria del núcleo 4​ 16 Página 2 de 27 ## Página pública 7 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS X. NÚCLEO 5 — IDENTIDAD DEL ACREEDOR, EJECUTANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO​16 Disciplina probatoria del núcleo 5​ 16 XI. SEIS GRUPOS DE RESOLUCIONES CUYA POSIBLE INJUSTICIA DEBE EXAMINARSE​ 17 1. Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018​ 17 2. Auto de 24 de octubre de 2019​ 17 3. Auto de 12 de mayo de 2020​ 17 4. Autos de 18 de enero y 24 de febrero de 2021​ 17 5. Auto de 6 de mayo y decisiones de licitación de mayo de 2021​ 17 6. Decisiones de adjudicación y titulación de enero–febrero de 2022​ 17 XII. ESTÁNDAR PENAL: ART.446.3 CP Y RESERVA SUBSIDIARIA DEL ARTÍCULO 447 CP​ 18 XIII. POR QUÉ LA DENUNCIA NO ES UN RECURSO CONCURSAL ENCUBIERTO​ 19 XIV. MATRIZ RESOLUCIÓN / CONOCIMIENTO / CONTRADICCIÓN / EFECTO​ 19 XV. DILIGENCIAS INICIALES LIMITADAS Y PROPORCIONADAS​ 22 XVI. SUPLICO A LA SALA​ 23 XVII. ÍNDICE CERRADO DE ANEXOS DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN​ 25 Página 3 de 27 ## Página pública 8 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS D. GIL MARER, mayor de edad, con NIE [DATO PERSONAL OMITIDO], con domicilio a efectos de notificaciones en [DATO PERSONAL OMITIDO] nº 34, [DATO PERSONAL OMITIDO], [DATO PERSONAL OMITIDO], [DATO PERSONAL OMITIDO], y correo electrónico [DATO PERSONAL OMITIDO], actuando en su propio nombre y derecho, como perjudicado directo e inversor afectado y dejando constancia de su conexión societaria, patrimonial y procesal con AWESWELL LIMITED, LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. y MATKATOR, S.L., comparece ante la Sala y, como mejor proceda en Derecho, DICE Que, al amparo de los artículos 264 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, formula DENUNCIA PENAL Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DIRECTA respecto de hechos, resoluciones y actuaciones judiciales producidos en el Concurso Ordinario nº 36/2012 de Luchy Playa Blanca, S.L.U., seguido ante el entonces Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas, que indiciariamente y sin prejuzgar responsabilidades podrían resultar relevantes a los efectos del artículo 446.3 del Código Penal. Los hechos se atribuyen, en cuanto resulte de la documentación judicial y sin perjuicio de su comprobación, a D. Alberto López Villarrubia, Magistrado-Juez que conoció del citado procedimiento durante los periodos objeto de esta denuncia. Este escrito no se presenta como querella formal, no solicita en este momento personación como acusación y no pretende eludir los requisitos del artículo 277 LECrim. Se presenta como denuncia escrita y notitia criminis dirigida al Tribunal objetivamente competente para que la Sala registre y preserve la comunicación; oiga al Ministerio Fiscal; y, antes de adoptar una decisión definitiva sobre su relevancia penal, obtenga, delimite y certifique el núcleo oficial mínimo de actuaciones identificado en esta denuncia. Sólo después de esa verificación se solicita valorar si procede la incoación mediante providencia conforme al artículo 406 LOPJ o la actuación que corresponda conforme al artículo 407 LOPJ; y, subsidiariamente, notificar al denunciante el cauce procesal que resulte legalmente imprescindible. La denuncia no afirma anticipadamente la comisión de delito ni atribuye responsabilidad penal por la mera existencia de resoluciones desfavorables. Su objetivo procesal inmediato es asegurar una secuencia de decisión informada y proporcionada: primero, obtención y certificación de un expediente documental estrechamente delimitado; segundo, únicamente si ese registro revela cuestiones técnicas relevantes, valoración de una pericial independiente sobre contabilidad concursal, financiación de reestructuración y mecánica de cierre; y, tercero, decisión de la Sala sobre la procedencia de ulteriores actuaciones. La eventual pericial no se propone para calificar culpabilidad, sino para distinguir hechos documentados, elementos ya formalizados, pasos de cierre pendientes, exigencias dependientes del Juzgado o de la Administración Concursal y consecuencias económicas objetivamente verificables, aplicando en todo momento la presunción de inocencia. I. ANTECEDENTE PROCESAL INMEDIATO: DIP 2/2026 Y EJERCICIO DE LA VÍA JUDICIAL EXPRESAMENTE PRESERVADA 1. Denuncia inicial y ampliación La denuncia inicial fue fechada el 13 de enero de 2026 y consta recibida por la Fiscalía el 20 de enero de 2026. Se refería a posibles indicios de prevaricación judicial en el Concurso Ordinario nº 36/2012 y se centraba principalmente en el Auto de 12 de septiembre de 2025, relativo a la solicitud de separación de la Administración Concursal, y en el Auto de 11 de noviembre de 2025, que confirmó aquella resolución al desestimar los recursos formulados por LPB y Aweswell Limited. El 8 Página 4 de 27 ## Página pública 9 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS de febrero de 2026 se presentó ampliación relativa a la persistencia de efectos, actuaciones posteriores y necesidad de obtener documentación del procedimiento concursal. Se acompañan como Documentos F-1 y F-2 las dos piezas fiscales actualmente disponibles relativas a las DIP 2/2026. Asimismo, se solicita que la Sala recabe de oficio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias el expediente íntegro de las DIP 2/2026, incluidas la denuncia inicial, su ampliación, el decreto de incoación, el decreto de archivo, los oficios de notificación y cualquier otra actuación o documento incorporado al expediente. 2. Incoación de las DIP 2/2026 La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias incoó mediante Decreto de 11 de febrero de 2026 las Diligencias de Investigación Preprocesales nº 2/2026. El posterior Decreto de 6 de marzo de 2026 dejó constancia de que la denuncia se refería a hechos supuestamente cometidos por el Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas y presentados como posible prevaricación judicial; reconoció la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conforme al artículo 73.3.b) LOPJ para las causas contra jueces y magistrados por delitos cometidos en el ejercicio del cargo en la Comunidad Autónoma, cuando no correspondan al Tribunal Supremo; y recordó la facultad del Ministerio Fiscal para recibir e investigar denuncias que afecten a personas aforadas. 3. Archivo sin efecto de cosa juzgada y preservación de la vía judicial El Decreto de 6 de marzo de 2026 acordó el archivo de las diligencias fiscales. No obstante, dispuso expresamente su notificación para que el denunciante pudiera reiterar la denuncia ante el órgano judicial competente y declaró que el decreto no producía efectos de cosa juzgada, por lo que no existía obstáculo para continuar la denuncia en instancias judiciales o de otro tipo. El oficio de 9 de marzo de 2026 reiteró que, conforme al artículo 773 LECrim, el denunciante podía presentar nuevamente su pretensión ante el órgano judicial competente. La presente denuncia constituye el ejercicio de esa vía judicial expresamente preservada. 4. Diferencia material entre las DIP 2/2026 y la presente denuncia judicial El Decreto fiscal delimitó el objeto examinado de forma esencialmente concentrada en los Autos de septiembre y noviembre de 2025 y en la solicitud de separación del Administrador Concursal. Esta denuncia no se limita a reiterar aquella valoración. Aporta y ordena un núcleo cronológico y documental sustancialmente más amplio, anterior a 2025, que no constituyó el objeto delimitado de las DIP 2/2026: ●​ el conocimiento judicial contemporáneo, desde junio de 2018, de una estructura de rescate coordinada, contractualmente documentada y sustancialmente formalizada, dirigida a satisfacer o consignar el pasivo y permitir una salida ordenada del concurso; ●​ la diferencia entre crédito concursal reconocido, responsabilidad hipotecaria, intereses, actas privadas de saldo y cifra utilizada para fijar el umbral económico de la licitación; ●​ el conocimiento judicial del carácter discutido o pendiente de determinación de determinadas magnitudes y la incidencia directa de esas magnitudes sobre la salida financiada y la competencia de terceros; ●​ la posible tensión entre la invocación posterior de cosa juzgada y la previsión de una determinación contradictoria futura; ●​ la falta de identificación de un acto jurisdiccional o ejecutivo que materializara plenamente la no convalidación de la operación OB REM de 2018; Página 5 de 27 ## Página pública 10 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS ●​ la secuencia entre control material previo, falta de medidas protectoras identificables, convocatoria de licitación, adjudicación y expedición de títulos; ●​ la posible falta de identidad entre la persona jurídica acreedora, ejecutante hipotecaria, oferente, adjudicataria y finalmente titular; ●​ y la existencia de comunicaciones, decisiones y efectos de 2018 a 2022 que no fueron examinados individualmente en el expediente fiscal anterior. Por ello, la presente denuncia debe ser valorada por su contenido actual, sin atribuir al archivo fiscal un alcance material que exceda del objeto reducido que el propio Decreto describió. II. COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA DENUNCIA Y CAUCE PROCESAL SOLICITADO La competencia objetiva se plantea conforme al artículo 73.3.b) LOPJ, por tratarse de hechos atribuidos a un Magistrado-Juez en relación con actos realizados en el ejercicio de su cargo dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que se advierta atribución al Tribunal Supremo. Los artículos 264 a 269 LECrim permiten que quien tenga conocimiento de un hecho aparentemente delictivo lo comunique al órgano judicial competente, sin quedar obligado por ello a probarlo ni a formular querella. La denuncia escrita identifica al denunciante, contiene una relación circunstanciada, individualiza resoluciones, fechas, fuentes documentales y extremos a verificar, y solicita resguardo de formalización conforme al artículo 268 LECrim. La presente denuncia no atribuye a su mera presentación efectos propios de una querella, de una personación como acusación ni de una resolución judicial de incoación. El artículo 406 LOPJ no se invoca como mandato de apertura automática: se solicita que la Sala valore si la noticia recibida y el núcleo documental delimitado proporcionan elementos suficientes para incoar mediante providencia o adoptar la decisión legalmente procedente. El artículo 407 LOPJ se invoca en cuanto contempla la comunicación de hechos posiblemente delictivos conocidos por tribunales superiores, con audiencia del Ministerio Fiscal, y permite ordenar el tratamiento institucional de la notitia criminis. El artículo 410 LOPJ se cita únicamente como previsión aplicable a una eventual querella posterior y no como fundamento autónomo de admisibilidad de esta denuncia. Si la Sala entendiera indispensable una querella con abogado y procurador conforme al artículo 277 LECrim, se solicita que lo comunique expresamente, conserve esta denuncia y sus documentos como antecedente registrado y dé la intervención que corresponda al Ministerio Fiscal. Conforme al artículo 269 LECrim, se interesa, antes de una decisión definitiva de inadmisión, archivo o incoación por insuficiencia indiciaria o por eventual caracterización del asunto como mera discrepancia jurisdiccional, la obtención y comprobación proporcionada del núcleo documental certificado que se delimita en esta denuncia, salvo que la Sala aprecie de manera motivada que los hechos carecen manifiestamente de carácter delictivo o que la denuncia es manifiestamente falsa. No se pretende imponer una investigación exhaustiva, sino evitar que la valoración se adopte sobre un registro incompleto o sobre una caracterización inexacta de la alternativa financiada, especialmente por tratarse de material distinto del objeto delimitado en DIP 2/2026. III. RESUMEN EJECUTIVO Y DELIMITACIÓN ESTRICTA DEL OBJETO PENAL La cuestión no es si el Magistrado resolvió contra los intereses del denunciante ni si alguna resolución pudo ser recurrida o revocada. La cuestión es si determinadas resoluciones judiciales concretas resultaron objetivamente incompatibles con hechos y proposiciones jurídicas ya conocidos del expediente y si fueron dictadas con conocimiento de esa incompatibilidad, facilitando efectos que después resultaron difícilmente reversibles. Página 6 de 27 ## Página pública 11 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS La denuncia identifica cinco núcleos judiciales limitados: 1. una alternativa financiada de conclusión y el conocimiento judicial progresivo de su existencia, condiciones y necesidad de cuantificación; 2. la utilización de cifras próximas a 13,1 millones de euros, la determinación pendiente del crédito y la posterior invocación de cosa juzgada; 3. la operación OB REM de 28 de noviembre de 2018, su no convalidación y la falta de identificación de una ejecución restitutoria completa; 4. la licitación de 2021, la igualdad material entre postores, la oferta alternativa Ottawa/ONA y la adjudicación de 2022; 5. la identidad jurídica del acreedor, ejecutante, oferente, adjudicatario y titular registral entre CAM S.A., CAM S.L. y otras denominaciones documentales. El análisis se concentra en seis grupos de resoluciones: Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018; Auto de 24 de octubre de 2019; Auto de 12 de mayo de 2020; Autos de 18 de enero y 24 de febrero de 2021; Auto de 6 de mayo de 2021 y decisiones de licitación de mayo de 2021; y la secuencia de licitación, adjudicación, complemento, testimonio y titulación de 2021–2022. Las resoluciones de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019 y 23 de diciembre de 2021 se utilizan como delimitaciones objetivas del alcance de lo decidido, no como resoluciones atribuidas al Magistrado denunciado. El Auto de 23 de diciembre de 2021 resolvió un recurso de queja relativo a la recurribilidad de una resolución de instancia; no constituyó por sí mismo una liquidación firme de intereses ni una modificación de los textos definitivos. La denuncia no solicita que la Sala recalcule el crédito, anule la adjudicación, determine la propiedad del hotel, resuelva los recursos pendientes, decida la responsabilidad del Administrador Concursal, ni examine la totalidad de las materias RIC, CNMV, fiscales o de fondos públicos. Su petición inmediata es más limitada: obtener y certificar, antes de decidir, la cadena documental oficial que permita saber qué se presentó, qué se incorporó, qué se trasladó, qué se decidió y qué quedó sin respuesta identificable. Sólo después, si subsisten cuestiones técnicas decisivas, se interesa valorar una pericial independiente. Las materias externas se mencionan únicamente cuando demuestran conocimiento, efecto, continuidad patrimonial o necesidad de preservar documentos. IV. CUATRO PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN QUE CONCENTRAN EL NÚCLEO DOCUMENTAL 1. ¿Qué resolución firme, si la hubiera, transformó el crédito privilegiado especial reconocido de 9.052.251,69 euros y las magnitudes privadas o provisionales posteriores en el importe definitivo empleado para exigir el pago, fijar el umbral de terceros y extinguir crédito mediante la adjudicación, después de que las resoluciones de la Audiencia Provincial identificadas en la documentación disponible hubieran delimitado su objeto al umbral de mejora y no a la cuantificación y clasificación definitivas de los intereses? 2. ¿Qué efecto jurídico y económico real produjo la condonación expresamente incorporada a la oferta de CAM, y en qué resolución, contabilidad o título quedó reflejada? 3. ¿Qué acto jurisdiccional, ejecutivo, registral, contable y restitutorio materializó plenamente la no convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018 antes de la posterior licitación y adjudicación? Página 7 de 27 ## Página pública 12 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS 4. ¿Dónde se encuentra la cadena documental que reconcilia crédito reconocido, intereses, oferta, bienes transmitidos, licitación, adjudicación, escritura, identidad societaria y resultado patrimonial final? Estas preguntas no se presentan para que la Sala resuelva ahora cuestiones concursales de fondo. Delimitan el contenido del testimonio certificado que se pide obtener antes de decidir y permiten comprobar si existieron actos judiciales identificables que expliquen las transiciones determinantes o si, por el contrario, decisiones posteriores consolidaron efectos sin el puente decisorio y documental necesario. Una vez reconstruido ese registro oficial, podrá determinarse si es necesaria una explicación técnica independiente y, sólo entonces, valorar la relevancia penal. V. MÉTODO DE ATRIBUCIÓN: HECHO DOCUMENTADO, INFERENCIA, ALEGACIÓN Y EXTREMO A VERIFICAR Para evitar que el contexto sustituya a la prueba, la denuncia distingue tres niveles de conocimiento: 1. Conocimiento judicial directo: escritos registrados, vistas o comparecencias, informes incorporados, resoluciones que reproducen hechos y documentos formalmente dirigidos al Juzgado. 2. Conocimiento del Administrador Concursal o hechos que debía comprobar e informar: no se atribuyen automáticamente al Magistrado; se solicita verificar si fueron transmitidos, cuándo, mediante qué documento y qué respuesta siguió. 3. Contexto institucional externo o posterior: comunicaciones a otras autoridades y materiales regulatorios sólo acreditan continuidad o efectos; no demuestran conocimiento histórico del Magistrado salvo incorporación al concurso. Cada proposición material se formula como hecho documentado, inferencia provisional, alegación del denunciante o materia que requiere comprobación. La fortaleza de la denuncia no depende de asumir que el Magistrado conocía todo lo conocido por el Administrador Concursal, sino de reconstruir la cadena: hecho subyacente → comunicación o deber de informar → conocimiento judicial o activación de control → resolución concreta → efecto. Cuando una resolución o actuación se pretenda justificar mediante un documento, deberá comprobarse además su trazabilidad temporal: fecha efectiva de creación, fecha y cauce de presentación, incorporación al expediente, traslado o notificación a las partes y momento en que comenzó a producir el efecto jurídico que se le atribuye. La aportación retrospectiva de un documento explicativo no acredita por sí sola conocimiento judicial contemporáneo ni sana retroactivamente la ausencia de contradicción o incorporación procesal en la fase decisiva. La expresión “pasividad activa” se evita como categoría autónoma. Cuando se utilice descriptivamente, significa únicamente una secuencia de conocimiento, ausencia de acto protector identificable y decisiones posteriores. La eventual relevancia penal no reside en la omisión por sí sola, sino en su valor para interpretar resoluciones concretas, su motivación, su conocimiento y sus consecuencias. Página 8 de 27 ## Página pública 13 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS VI. NÚCLEO 1 — ALTERNATIVA FINANCIADA DE CONCLUSIÓN Y CONOCIMIENTO JUDICIAL PROGRESIVO 1. Contexto de junio de 2018 Según se denuncia y documenta mediante comunicaciones contemporáneas, material gráfico y actuaciones relacionadas, el 7 de junio de 2018 se produjo un desplazamiento material del control o del acceso al hotel por personas vinculadas al entorno de CAM y de la Comunidad/disidentes. No se atribuye al Magistrado la ejecución material de esos hechos. Se solicita comprobar qué conocimiento tuvo el órgano judicial, qué peticiones de protección recibió, qué medidas acordó o rechazó y cómo incidió ese contexto en las resoluciones posteriores. En esas fechas no existía una mera idea preliminar. La documentación contemporánea incluye una valoración ECO de 7 de junio de 2018, due diligence, plan de negocio, paquete de financiación puente, propuesta de adquisición de tercero, contrato de arrendamiento de industria con ONA Hotels y su anexo firmados, así como el encargo profesional de Daniel Irigoyen firmado y provisionado. Sin afirmar que el desembolso total ya se hubiera producido, lo documentado es una estructura de rescate coordinada y sustancialmente formalizada. Lo pendiente era culminar el cierre financiero o la consignación, fijar de forma utilizable la deuda concursal, aportar el depósito o garantía que se exigiera y obtener la implementación judicial necesaria, además de preservar el acceso y el activo durante ese proceso. 2. Comunicación de Daniel Irigoyen de 13 de junio de 2018 D. Daniel Irigoyen Fujiwara remitió el 13 de junio de 2018 una comunicación inmediatamente posterior a reuniones que, según su relato, había mantenido esa mañana con el Magistrado-Juez y después con el Administrador Concursal. La comunicación circuló contemporáneamente entre profesionales y se acompañó de un esquema dirigido a la conclusión del concurso. No se aporta como acta judicial ni como prueba concluyente de cada expresión atribuida a los participantes, sino como documento contemporáneo que exige contraste con agenda, registro, escritos, traslados, resoluciones e informes del concurso. Según esa comunicación, D. Daniel Irigoyen se presentó como abogado con encargo de coordinar al fondo, al socio/sociedad y a la cadena hotelera que explotaría los apartamentos. Expuso una solución ya articulada entre financiación, sociedad/socio y operador hotelero; una vía de pago o consignación del pasivo exigible y de los créditos contra la masa; la necesidad de que el Administrador Concursal actualizara las cifras; y una propuesta destinada a impedir que la operación de CAM se consumara mientras se completaba la implementación. Se atribuye al Magistrado una disposición inicial a recibir un escrito, dar traslado al Administrador Concursal y preservar temporalmente la posibilidad de mejora. Todo ello debe ser contrastado con el expediente certificado, sin reducir retrospectivamente la actuación de Daniel a una exploración embrionaria. 3. Formalización y seguimiento de septiembre de 2018 El 10 de septiembre de 2018 se preparó y circuló una solicitud dirigida a obtener la actualización, identificación, cuantificación y certificación de créditos y créditos contra la masa para articular el pago o consignación y la conclusión. La copia localizada carece de justificante de presentación y no permite afirmar por sí sola que esa versión, u otra definitiva, se incorporara formalmente a las actuaciones. Las comunicaciones de 12, 26 y 27 de septiembre de 2018 muestran, no obstante, que la financiación, la cuantificación y la incidencia de la cifra de aproximadamente 13,1 millones sobre las pujas de terceros fueron tratadas contemporáneamente. Las notas de los profesionales asistentes atribuyen al Magistrado y al Administrador Concursal la consideración de que aquella Página 9 de 27 ## Página pública 14 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS cifra podía ser incorrecta o requería corrección, extremo que debe contrastarse mediante declaración y con el expediente certificado. Las comunicaciones contemporáneas recogen también una explicación potencialmente exculpatoria que debe ser examinada con la misma objetividad: se habría considerado que la pendencia del recurso de apelación impedía o desaconsejaba actualizar entonces el pasivo. La denuncia no oculta esa explicación. Solicita comprobar si quedó formalmente documentada, cuál era su fundamento concreto y cómo se concilia con la previa utilización de las cifras de CAM para fijar el umbral de terceros y con la posterior atribución de efectos de cosa juzgada a una resolución de la Audiencia Provincial que había delimitado su objeto. No se afirma como hecho probado que el Magistrado aceptara cada expresión atribuida por los asistentes, ni que el desembolso íntegro estuviera ya materialmente transferido. Sí se sostiene, sujeto a autenticación, que el consorcio, el contrato operativo, el mandato profesional y el paquete económico existían y que Daniel viajó para cerrar su implementación concursal. Se solicita certificar: fecha y recepción de cada escrito; documentos anexos; contrato ONA y anexo firmados; mandato y provisión; documentación de financiación; traslado al Administrador Concursal; actualización realizada; depósito o garantía requeridos; plazo concedido; resolución producida; y causa documental por la que la alternativa no llegó a una decisión jurisdiccional útil. 4. Relevancia respecto de resoluciones posteriores La cuestión penal no es que el Juzgado estuviera obligado a aprobar la propuesta. Es si, con conocimiento de una alternativa que dependía de una cifra verificable y de la preservación del activo, se dictaron después resoluciones que cerraron la determinación, rechazaron medidas de comprobación o permitieron la licitación sin explicar de manera jurídicamente sostenible la transición. El conocimiento previo es relevante para valorar el elemento subjetivo de las resoluciones posteriores; no constituye por sí solo una prevaricación. Disciplina probatoria del núcleo 1 Hecho documentado, sujeto a autenticación y certificación de incorporación: existencia de comunicaciones contemporáneas, contrato de arrendamiento de industria ONA y anexo firmados, valoración, due diligence, plan de negocio, paquete de financiación, mandato profesional firmado y provisionado, desplazamiento de Daniel Irigoyen y escritos dirigidos a articular el pago o consignación y la conclusión del concurso. Inferencia provisional: la cuantificación y la preservación temporal eran condiciones decisivas para que la alternativa pudiera ser valorada. Explicación no penal a verificar: pese a la formalización existente, el cierre final pudo fracasar por insuficiencia financiera sobrevenida, imposibilidad de fijar el pasivo, falta de depósito o garantía, incompatibilidad procesal o incumplimiento de algún requisito objetivo. Esa explicación debe resultar del expediente certificado, de las comunicaciones de cierre y, en su caso, de una pericial independiente; no debe presumirse mediante la descripción genérica de la estructura como meramente condicional. Resoluciones conectadas: Autos de 16 de abril de 2018, decisiones posteriores sobre cuantificación, Auto de 24 de febrero de 2021 y licitación de mayo de 2021. Página 10 de 27 ## Página pública 15 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS VII. NÚCLEO 2 — CRÉDITO, CIFRA DE 13,1 MILLONES Y POSTERIOR INVOCACIÓN DE COSA JUZGADA 1. Magnitudes que deben distinguirse Los textos definitivos reconocieron a favor del acreedor hipotecario originario créditos con privilegio especial por importe total aproximado de 9.052.251,69 euros. La cifra no puede confundirse con el límite de responsabilidad hipotecaria, con las cantidades reflejadas en actas privadas de saldo, con el importe afirmado en la oferta de CAM, con el valor de realización atribuido a los activos, con el umbral exigido a terceros, con la condonación, ni con la contraprestación o crédito extinguido en la escritura final. El Auto de 8 de febrero de 2018 habría reconocido el cambio de titularidad del crédito a favor de CAM manteniendo el importe concursal reconocido, sin perjuicio del tratamiento de intereses. Los Autos de 16 de abril de 2018, según las copias disponibles, admitieron que los intereses cubiertos por la garantía podían afectar a la cuantía dentro del límite hipotecario, pero remitieron a una posterior liquidación conforme a las escrituras. No cuantificaron el resultado final ni identificaron de forma completa principal, intereses remuneratorios, intereses moratorios, clasificación y eventual sobrante. 2. Actas de saldo y cifra próxima a 13,1 millones Las actas o certificaciones de 17 de mayo de 2018 reflejaron magnitudes próximas a 13.165.832,36 euros, integrando principal, intereses ordinarios, intereses de demora y devengo diario. La documentación disponible contiene una discrepancia de 30 euros en el segundo principal —839.411 o 839.441 euros— que debe ser aclarada mediante el documento primario. Esa diferencia no es patrimonialmente decisiva, pero confirma la necesidad de una conciliación documental y de no tratar cifras sucesivas como equivalentes. La cuestión no es que toda cifra superior a 9.052.251,69 euros fuera necesariamente ilícita. Es identificar qué resolución liquidó definitivamente los intereses, con qué contradicción, qué clasificación les atribuyó y cómo esa determinación se trasladó al pago, a las condiciones de terceros y a la adjudicación. 3. Auto de 4 de junio de 2018 y delimitación del umbral por la Audiencia Provincial Según la documentación disponible, el Auto de 4 de junio de 2018 tomó como referencia actas de fijación de saldo aportadas por CAM para establecer las cantidades que habría de satisfacer un eventual tercero que pretendiera mejorar la oferta. Debe comprobarse su texto íntegro y su función exacta. La hipótesis a verificar es que dicha resolución fijó un umbral instrumental de concurrencia, pero no modificó los textos definitivos, no aprobó una liquidación final de intereses, no clasificó cantidades adicionales ni reconoció un nuevo importe definitivo del crédito privilegiado especial. La resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que la documentación disponible fecha el 23 de julio de 2019 debe incorporarse íntegra y certificada. Según la copia y transcripción disponibles, la Sala habría precisado que no era el momento de determinar la cantidad definitiva en concepto de intereses moratorios ni su calificación, sino de fijar la suma que debería ofrecer un tercero para mejorar la propuesta del acreedor. De confirmarse literalmente, esa delimitación distingue de manera expresa el umbral competitivo de la determinación definitiva del crédito. El Auto de la Audiencia Provincial de 23 de diciembre de 2021 resolvió un recurso de queja frente a la inadmisión de un recurso de apelación relacionado con la ejecución del marco liquidatorio. Página 11 de 27 ## Página pública 16 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS Aunque reproduce antecedentes sobre la licitación y las condiciones económicas impuestas a terceros, no constituye una resolución autónoma de modificación de los textos definitivos, liquidación de intereses ni determinación firme del crédito privilegiado especial finalmente satisfecho. Su relevancia reside en delimitar el cauce procesal y el grado de revisión disponible inmediatamente antes de la consolidación de la adjudicación y titulación de 2022. La pregunta central no es si el umbral podía incluir magnitudes superiores al crédito reconocido a efectos de proteger el privilegio durante una mejora de oferta. Es qué resolución posterior convirtió, en su caso, ese umbral instrumental en el crédito definitivo extinguido o absorbido por la adjudicación, con determinación de principal, intereses remuneratorios, intereses moratorios, clasificación, condonación y eventual sobrante. 4. Auto de 12 de mayo de 2020 y tensión interna El Auto de 12 de mayo de 2020 aparece como resolución central. Según la copia disponible, invocó el cierre o la cosa juzgada respecto de determinados extremos y, al mismo tiempo, contempló que, tras el traslado de certificaciones de intereses y deuda comunitaria y la contradicción de las partes, el Juzgado fijaría definitivamente las cantidades que un tercero habría de satisfacer. La afirmación posterior de cosa juzgada debe examinarse a la luz de esa reserva de determinación futura. La cuestión no se reduce a una discrepancia terminológica. Debe comprobarse si se utilizó la cosa juzgada para cerrar una cuestión cuya cuantificación, exigibilidad o delimitación objetiva permanecía expresamente abierta en la propia secuencia procesal. La eventual relevancia penal no derivaría de una interpretación jurídica discutible, sino únicamente de acreditarse que la afirmación de cierre definitivo resultaba objetivamente insostenible frente al contenido conocido del expediente y que fue empleada con conocimiento de esa incompatibilidad. 5. Resoluciones de 2021 y cierre progresivo El Auto de 18 de enero de 2021 habría rechazado la aclaración o nueva determinación por considerar que implicaba contradecir o revisar resoluciones anteriores. El Auto de 6 de mayo de 2021 habría cerrado la cuestión “sin necesidad de más pronunciamientos”. Corresponde verificar si entre la reserva de determinación futura y ese cierre existió una liquidación definitiva, contradictoria, individualizada y susceptible de explicar las condiciones económicas posteriores. 6. Contraste Parodi / Talleres Jinámar (parte ajena al concurso 36/2012) El Auto de 16 de enero de 2020 dictado por el mismo Magistrado en el asunto Parodi / Talleres Jinámar se aporta como elemento de contraste, no como precedente vinculante ni como prueba autónoma de delito. En esa resolución se diferenció el principal firme de intereses todavía no calculados, se rechazó que una cosa juzgada previa cerrara automáticamente la liquidación futura y se aplicó la doctrina de las SSTS 112/2019 y 227/2019 sobre intereses posteriores a la declaración de concurso. Debe verificarse el número exacto de procedimiento y su completa comparabilidad. La comparación permite examinar si el Magistrado conocía la distinción entre firmeza de una decisión y determinación definitiva de cantidades todavía no liquidadas, y si explicó de forma jurídicamente sostenible el tratamiento diferente dispensado en LPB. Una diferencia razonable de hechos o normas excluiría la inferencia penal; una contradicción objetiva, no explicada y conocida podría adquirir relevancia indiciaria. Página 12 de 27 ## Página pública 17 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS 7. Efecto sobre salida financiada y terceros La misma incertidumbre que impedía a LPB cuantificar la salida fue posteriormente utilizada para construir la equivalencia económica de la oferta de CAM y el umbral impuesto a terceros. La documentación alude a una oferta de CAM basada en una deuda afirmada de 12.251.446,21 euros, valor de fincas hipotecadas de 7.065.384,42 euros, condonación de 5.186.061,79 euros y 400.000 euros por fincas libres de cargas; y a un umbral para terceros de aproximadamente 14.713.880,31 euros, más gastos e impuestos. Estas magnitudes no se alegan como definitivamente correctas, sino como extremos a reconciliar. La condonación no era dinero nuevo. Su valor dependía de que la deuda renunciada existiera, fuera exigible y estuviera reconocida. Debe comprobarse qué parte del crédito quedó extinguida, qué parte condonada, qué obligaciones liberaron realmente a la masa, qué gastos eran propios del adquirente y qué eventual sobrante resultó. La falta de identidad entre oferta autorizada y operación ejecutada constituye una hipótesis documental, no una conclusión anticipada. Disciplina probatoria del núcleo 2 Hecho documentado: coexisten cifras distintas con funciones jurídicas diferentes; los Autos de abril remitieron a una liquidación posterior, según la copia disponible. Inferencia provisional: el umbral y la operación final pudieron utilizar una magnitud no conciliada con el crédito reconocido y la condonación. Explicación no penal a testar: la cuantificación pudo quedar válidamente resuelta por una decisión o regla que aún no se ha localizado, o las cifras pudieron responder a objetos jurídicos diferentes. Resoluciones conectadas: Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018; Auto de 12 de mayo de 2020; Autos de 18 de enero y 6 de mayo de 2021; Auto de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019; Auto de 23 de diciembre de 2021 resolutorio del recurso de queja; y actos de licitación, adjudicación, complemento, testimonio y titulación de 2021–2022. VIII. NÚCLEO 3 — OPERACIÓN OB REM, NO CONVALIDACIÓN Y FALTA DE IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICADA 1. Escritura de 28 de noviembre de 2018 El 28 de noviembre de 2018 el Administrador Concursal y CAM otorgaron una escritura relativa a 29 locales y dos soláriums, con desvinculación o alteración de relaciones OB REM y contraprestación de 400.000 euros. La operación se realizó mientras existían controversias sobre el plan y sobre la unidad de la oferta, y produjo efectos materiales, notariales y registrales antes de una convalidación judicial definitiva. 2. Auto de 24 de octubre de 2019 El Auto aparece firmado el 24 de octubre de 2019 y fue notificado al día siguiente. Según la copia disponible, reconoció que la suspensión debió afectar a la totalidad de la operación, que la venta separada no se correspondía con el plan unitario aprobado, que la escritura se había otorgado sin autorización judicial suficiente y que no procedía su convalidación en esos términos. El contenido exacto del fallo y de cada fundamento debe citarse desde la copia certificada. Página 13 de 27 ## Página pública 18 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS 3. Pregunta de implementación La relevancia no reside en revisar si el Auto fue correcto, sino en determinar cómo se ejecutó. Una no convalidación de una transmisión ya otorgada exige comprobar qué ocurrió con la titularidad registral, posesión, relaciones OB REM, inventario concursal, contraprestación, gastos y capacidad de ofrecer después la unidad a terceros. En la documentación disponible no se ha identificado un acto concreto que materializara plenamente la restitución, reversión o conciliación antes de la licitación posterior. No se afirma que ningún acto existiera. Se solicita localizarlo. Las alternativas a verificar son: que los locales quedaran excluidos del objeto posterior, afectando a la integridad funcional de la unidad; que fueran incluidos económica o funcionalmente pese a figurar en situación registral distinta; o que la adjudicación posterior terminara consolidando los efectos de la escritura no convalidada mediante un título diferente. Cada escenario exige un documento identificable. 4. Trazabilidad de los 400.000 euros Consta la existencia de un cheque bancario de 400.000 euros. La cuestión no es afirmar ausencia absoluta de pago, sino reconstruir: librador, cargo, cobro, cuenta receptora, fecha de abono, asiento contable, uso, rendimientos, eventual provisión o restitución tras el Auto de 2019 y tratamiento en la operación de 2022. Las referencias a una posible aplicación a honorarios concursales se reservan para su comprobación mediante el informe y los movimientos bancarios exactos; no se presentan en este momento como hecho probado contra el Magistrado. 5. Conexión con resoluciones posteriores Si el Magistrado conocía que la operación no podía convalidarse, la existencia o ausencia de medidas para neutralizar sus efectos constituye contexto probatorio para valorar las resoluciones que permitieron después licitar, adjudicar y expedir títulos. La eventual relevancia penal no deriva de no haber dictado una medida aislada, sino de si posteriores resoluciones asumieron como regular un perímetro o una situación patrimonial que el propio órgano sabía no reconciliada. Disciplina probatoria del núcleo 3 Hecho documentado: existieron escritura, contraprestación y Auto de no convalidación; deben certificarse sus términos y efectos. Inferencia provisional: la ventaja registral, posesoria o económica pudo persistir y condicionar el perímetro posterior. Explicación no penal a testar: pudo existir reversión, subsanación, compensación o nuevo título válidamente aprobado y no identificado por el denunciante. Resoluciones conectadas: Auto de 24 de octubre de 2019, Auto de 24 de febrero de 2021, licitación de mayo de 2021 y actos de adjudicación de 2022. IX. NÚCLEO 4 — LICITACIÓN, COMPETENCIA EFECTIVA Y ADJUDICACIÓN 1. Estado de la masa y Auto de 24 de febrero de 2021 Aweswell comunicó el estado físico y jurídico de la masa, la posible demolición o alteración de elementos, la falta de acceso, la necesidad de inspección o pericial independiente y la conveniencia de prohibir nuevas obras o actuaciones hasta aclarar la situación. El Auto de 24 de febrero de 2021 reconoció la existencia de peticiones y material gráfico, pero rechazó las medidas por las razones que deberán transcribirse exactamente desde el original. Página 14 de 27 ## Página pública 19 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS No se sostiene que el rechazo de una inspección sea por sí solo prevaricador. Su relevancia deriva de la secuencia: conocimiento de control material previo, objeto patrimonial no completamente reconciliado, ausencia de comprobación independiente y posterior convocatoria de una competencia en la que un tercero debía valorar y financiar un activo ocupado, transformado o litigioso. 2. Auto de 6 de mayo y decisiones de mayo de 2021 Debe verificarse el contenido exacto del Auto de 6 de mayo de 2021 y de las decisiones que convocaron o desarrollaron la licitación. La frase “sin necesidad de más pronunciamientos”, si consta literalmente, debe analizarse frente a las cuestiones entonces pendientes: cuantificación definitiva del crédito, efecto de la condonación, objeto registral, no convalidación de 2019, estado físico, acceso a información y comparación homogénea de ofertas. La denuncia no afirma como hecho probado una “licitación predeterminada”. Plantea una posible restricción material de la competencia o desigualdad estructural entre postores: CAM habría contado con crédito, control material, información, propiedades parciales o posiciones registrales y una oferta compuesta por conceptos heterogéneos; un tercero debía aportar financiación nueva y asumir incertidumbres sobre objeto, cargas, acceso y entrega. 3. Publicidad, notificación y perímetro Debe comprobarse el edicto, su publicación, las fechas y horas de notificación, el plazo efectivo, la descripción finca por finca, la inclusión o exclusión de los locales de 2018, la información sobre la no convalidación, el acceso al expediente y al activo, la existencia de data room, las garantías exigidas y las condiciones de pago. La alegación de una notificación extremadamente breve debe verificarse mediante LexNET, sede electrónica y constancias de publicación, no mediante memoria posterior. 4. Ottawa GBC y ONA El Auto de 18 de mayo de 2021 reconoce, según la documentación disponible, una oferta o manifestación de interés de Ottawa GBC de 14,8 millones de euros más gastos, tributos o arbitrios, recibida el 12 de febrero de 2021. Debe obtenerse el documento original, sus anexos, prueba de solvencia, tratamiento procesal, traslado y razón de aceptación o exclusión. ONA habría intentado personarse u obtener información para articular una solución operativa; debe comprobarse qué acceso recibió y qué resolución recayó. La existencia de una oferta alternativa no demuestra por sí misma que debiera adjudicarse a ese tercero. Sí obliga a verificar si hubo competencia real, información equivalente y criterios comparables, y si el umbral utilizado estaba jurídicamente determinado o descansaba en cifras todavía abiertas. 5. Adjudicación y títulos de 2022 Las decisiones de enero y febrero de 2022 y la escritura de 21 de febrero de 2022 deben reconstruirse como una unidad: beneficiario exacto; bienes incluidos; valor o contraprestación atribuida; crédito extinguido; intereses; condonación; 400.000 euros; cargas; efectos registrales; relación con la no convalidación y con la posesión previa. La escritura habría consignado o atribuido a la operación una cifra próxima a 13.168.082,02 euros, pero no se afirma anticipadamente que esa cifra fuera el precio, el crédito extinguido o el valor íntegro sin examinar el documento original y su soporte judicial. Página 15 de 27 ## Página pública 20 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS La pregunta penal es si las resoluciones habilitantes permitieron conscientemente la consolidación de una operación distinta de la autorizada o sometida a competencia, sin un acto previo que resolviera los extremos indispensables. Una cadena documental completa y una interpretación jurídicamente razonable podrían descartar esa hipótesis. Debe localizarse además cualquier comunicación que la escritura de 21 de febrero de 2022 impusiera a la Administración Concursal tras su formalización, así como la resolución, decreto, testimonio o mandamiento que hubiera acordado o permitido la cancelación de las cargas. Para cada documento deberán constar su fecha efectiva, incorporación al concurso, traslado a las partes y relación con la extinción del crédito y la identidad del beneficiario. Disciplina probatoria del núcleo 4 Hecho documentado: existieron decisiones de licitación y adjudicación, una oferta o interés de Ottawa reconocido en Auto y peticiones de acceso o personación de ONA. Inferencia provisional: las condiciones pudieron ser materialmente no homogéneas por control previo, objeto incierto y composición del crédito de CAM. Explicación no penal a testar: CAM pudo cumplir válidamente reglas objetivas y las alternativas externas pudieron carecer de firmeza, solvencia, plazo o requisitos. Resoluciones conectadas: Autos de 24 de febrero y 6 de mayo de 2021, decisiones de mayo de 2021 y actos de enero–febrero de 2022. X. NÚCLEO 5 — IDENTIDAD DEL ACREEDOR, EJECUTANTE, OFERENTE, ADJUDICATARIO Y TITULAR La denominación “CAM” se utiliza sólo como abreviatura narrativa y no presupone identidad jurídica entre sociedades. La documentación revisada alterna Construcciones Acosta Matos, S.A.; Construcciones Acosta Matos, S.L.; “Constructora Matos, S.A.”; y otras combinaciones en el concurso, la ejecución hipotecaria de Arrecife, la oferta de 2018, actas comunitarias, notas registrales y títulos de 2022. La oferta de 2018 aparece formulada principalmente en nombre de CAM S.A., pero contiene una referencia a CAM S.L. como ejecutante hipotecaria por sucesión procesal en Arrecife. La documentación registral de 2022 habría reflejado, según las copias disponibles, titularidad dominical a favor de la S.A. y carga hipotecaria a favor de la S.L. Material privado de información mercantil sugiere NIF diferentes, pero se utiliza únicamente como indicio para solicitar certificación oficial, no como prueba concluyente de inexistencia o nulidad. La cuestión central es si la persona jurídica reconocida como acreedora, comparecida en ejecución, autora de la oferta, destinataria de testimonios, beneficiaria de la adjudicación y titular final fue identificada de manera consistente y válida, con sucesión, capacidad, representación y poderes acreditados en cada etapa. Deben recabarse certificados históricos del Registro Mercantil y BORME, NIF, escrituras de transformación o reactivación, cesiones, solicitudes y Autos de sucesión procesal y poderes. Una errata material o una transformación debidamente acreditada no tiene relevancia penal. La cuestión adquiere valor indiciario respecto del Magistrado sólo si consta que una divergencia material sobre titularidad o legitimación fue puesta en su conocimiento y, pese a ello, una resolución permitió ejercer derechos o recibir activos a una entidad no identificada o no legitimada, sin explicación razonable. Este extremo se mantiene subordinado a los cuatro núcleos anteriores. Página 16 de 27 ## Página pública 21 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS La reconstrucción societaria completa queda identificada en la reserva documental conservada por el denunciante y podrá aportarse selectivamente a requerimiento de la Sala. Disciplina probatoria del núcleo 5 Hecho documentado: las copias examinadas contienen denominaciones sociales no uniformes y referencias procesales potencialmente distintas. Inferencia provisional: pudo no haberse depurado adecuadamente la identidad de quien ejerció y recibió derechos en cada procedimiento. Explicación no penal a testar: errata, cambio de tipo social, reactivación, sucesión universal, cesión o representación válidamente acreditada. Resoluciones conectadas: cambio de titularidad de febrero de 2018, licitación y actos de adjudicación/titulación de 2022. XI. SEIS GRUPOS DE RESOLUCIONES CUYA POSIBLE INJUSTICIA DEBE EXAMINARSE La denuncia no atribuye relevancia penal a “todo el concurso”. Delimita seis grupos de resoluciones, que deberán analizarse en su texto íntegro y en relación con los documentos que ya obraban en autos al dictarse. 1. Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018 Debe verificarse el objeto exacto de la aclaración solicitada; si se refería a intereses legales o convencionales; qué quedó reservado a liquidación posterior; y si las resoluciones fueron después utilizadas para justificar intereses moratorios postconcursales o una cifra definitiva que no habían determinado. Respecto del Auto de 4 de junio de 2018, debe comprobarse si su función fue exclusivamente fijar, a partir de actas de saldo de CAM, el umbral que debía superar un tercero, y si posteriormente se le atribuyeron efectos propios de una liquidación, clasificación o reconocimiento definitivo del crédito que no constaban en su fallo. La delimitación efectuada por la Audiencia Provincial en 2019 y la naturaleza procesal del Auto de 23 de diciembre de 2021, resolutorio de un recurso de queja, constituyen parámetros objetivos para examinar ese uso posterior. 2. Auto de 24 de octubre de 2019 Debe precisarse qué declaró, qué rechazó convalidar, qué efectos ordenó y qué actuaciones de ejecución, restitución, rectificación registral o conciliación se adoptaron. La contradicción a examinar no es el Auto en sí, sino la eventual continuidad de los efectos de la operación no convalidada y su tratamiento en resoluciones posteriores. 3. Auto de 12 de mayo de 2020 Debe transcribirse el fundamento sobre cosa juzgada y el pasaje que reserva una futura determinación contradictoria. Se examinará si ambas proposiciones son conciliables, cuál era el objeto cerrado y cuál permanecía abierto, y si el Magistrado conocía la diferencia entre firmeza y liquidación futura. 4. Autos de 18 de enero y 24 de febrero de 2021 El primero habría cerrado la solicitud de determinación por considerarla contraria a resoluciones previas. El segundo rechazó inspección, pericial u otras medidas sobre la masa. Debe analizarse qué documentos conocía el Juzgado, qué cuestiones seguían abiertas, qué razones ofreció y qué efecto tuvo el rechazo sobre la futura competencia y preservación. Página 17 de 27 ## Página pública 22 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS 5. Auto de 6 de mayo y decisiones de licitación de mayo de 2021 Debe comprobarse si se cerraron definitivamente cuestiones todavía pendientes, cuál fue el umbral, cómo se publicitó el objeto, cómo se trató Ottawa/ONA, qué plazo y acceso tuvieron terceros y si las posiciones eran económicamente homogéneas. La relevancia penal dependerá de que la solución adoptada fuera ajena a una interpretación razonable y conocida como tal. 6. Decisiones de adjudicación y titulación de enero–febrero de 2022 Debe identificarse el beneficiario, el objeto, el crédito extinguido, el valor, la condonación, la relación con los locales y la no convalidación, y la identidad societaria. Deben distinguirse la resolución sustantiva de licitación/adjudicación de 2021, el Auto de 15 de octubre de 2021, el Auto de 26 de enero de 2022 que completó o aclaró de oficio la resolución anterior al amparo del artículo 215.3 LEC, cualquier testimonio o acto habilitante y la escritura de 21 de febrero de 2022. Debe examinarse también el Auto de la Audiencia Provincial de 23 de diciembre de 2021, en cuanto resolución de un recurso de queja, junto con cualquier comunicación posterior exigida por la escritura y el título de cancelación de cargas. Se comprobará si la secuencia habilitante consolidó conscientemente efectos incompatibles con el contenido conocido de decisiones anteriores o si existía una explicación jurídica y documental suficiente. Los Autos de 12 de septiembre y 11 de noviembre de 2025 se incorporan únicamente como contexto continuado: explican el origen de DIP 2/2026 y permiten verificar si, al resolver sobre la separación del Administrador Concursal, se mantuvo o confirmó un cierre respecto de hechos anteriores. No constituyen por sí solos el objeto principal de esta denuncia ampliada. XII. ESTÁNDAR PENAL: ARTÍCULO 446.3 CP Y RESERVA SUBSIDIARIA DEL ARTÍCULO 447 CP El artículo 446.3 CP exige que el Juez o Magistrado dicte, a sabiendas, una resolución injusta. No todo error, discrepancia interpretativa, resolución desfavorable, decisión revocada o motivación insuficiente integra el tipo. La injusticia penal exige un apartamiento objetivo y grave del Derecho, de modo que la decisión no pueda explicarse mediante una interpretación razonable efectuada con métodos jurídicos admisibles. El elemento subjetivo requiere conocimiento del carácter injusto; no basta la negligencia ordinaria ni el dolo eventual. La jurisprudencia del Tribunal Supremo también ha rechazado que un exceso o una interpretación errónea, corregible en vía de recurso, alcance automáticamente el umbral de arbitrariedad penal. Por ello, esta denuncia no pide inferir delito del resultado adverso. Solicita comprobar si, respecto de resoluciones concretas, concurrían simultáneamente: 1. una proposición fáctica o jurídica objetivamente incompatible con el expediente conocido; 2. la ausencia de una explicación razonable capaz de reconciliarla con las decisiones previas y la normativa aplicable; 3. conocimiento judicial directo de los documentos que mostraban la incompatibilidad; 4. un efecto procesal y patrimonial previsible y objetivamente favorable a CAM; 5. y una secuencia posterior que convirtió ese efecto en difícilmente reversible. Las omisiones, silencios o falta de medidas no se formulan como una “prevaricación por omisión” autónoma. Se utilizan únicamente como prueba contextual de conocimiento, arbitrariedad, propósito y consecuencias de resoluciones determinadas. La expresión descriptiva “secuencia de Página 18 de 27 ## Página pública 23 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS conocimiento, ausencia de acto protector y decisiones posteriores” no sustituye al requisito de identificar una resolución injusta. Sin perjuicio de lo anterior, si no resultara acreditado el elemento subjetivo del artículo 446 CP, se interesa que la Sala valore exclusivamente respecto de resoluciones concretas si pudiera concurrir el presupuesto del artículo 447 CP, esto es, resolución manifiestamente injusta dictada por imprudencia grave o ignorancia inexcusable. Esta reserva no convierte toda negligencia o error en infracción penal. No se mantiene en el núcleo de calificación una imputación directa al Magistrado por el artículo 262 CP, estafa procesal, encubrimiento, concertación o cooperación genérica. Si del examen documental resultaran indicios individualizados de delitos atribuibles a personas no aforadas, se interesa la deducción de testimonio al órgano competente, sin anticipar su calificación ni autoría. XIII. POR QUÉ LA DENUNCIA NO ES UN RECURSO CONCURSAL ENCUBIERTO La denuncia no pide a la Sala que decida cuál era el crédito correcto, si la adjudicación es civilmente válida, si CAM ostenta título definitivo, si el Administrador Concursal debe ser separado, ni si los recursos pendientes deben estimarse. Las acciones concursales, civiles, mercantiles, registrales, restitutorias y resarcitorias quedan expresamente reservadas. Las referencias a “adjudicatario”, “adquirente” o “titular” son descriptivas y no suponen reconocimiento de validez o renuncia a su impugnación. La cuestión penal es distinta: si resoluciones determinadas fueron objetivamente insostenibles frente a hechos y proposiciones jurídicas conocidos, y si se dictaron con conciencia de esa incompatibilidad. La posibilidad de recurso no inmuniza una resolución penalmente injusta; del mismo modo, la existencia de una resolución adversa no basta para criminalizarla. La delimitación mediante cinco núcleos, seis grupos de decisiones y documentos concretos permite separar ambos planos. La denuncia contra el Administrador Concursal es independiente. Su conducta sólo se menciona cuando permite comprender qué información, informes, propuestas o posiciones fueron sometidos al control judicial y qué respuesta jurisdiccional se produjo. No se atribuye al Magistrado responsabilidad automática por actos del Administrador Concursal. La DI 169/2026 ante el CGPJ se refiere a supervisión judicial, conducta institucional, trazabilidad y apariencia objetiva de parcialidad. No se invoca como prueba de delito ni se pide revisar el expediente disciplinario. Los materiales CNMV, RIC, Intervención General, ICALPA o fondos públicos se citan únicamente como trazabilidad de efectos posteriores y como razón para preservar el expediente judicial de origen; no se pide a la Sala resolver materias administrativas, fiscales, disciplinarias o de mercado. XIV. MATRIZ RESOLUCIÓN / CONOCIMIENTO / CONTRADICCIÓN / EFECTO La siguiente matriz resume la hipótesis de comprobación. No sustituye la lectura de las resoluciones originales ni prejuzga su injusticia. La matriz que sigue forma parte integrante del presente escrito. La documentación ampliada que la sustenta queda identificada en la reserva documental y podrá aportarse selectivamente.. Página 19 de 27 ## Página pública 24 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — MATRIZ DE RESOLUCIONES MATRIZ — GRUPOS 1 A 3 Conocimiento Contradicción Explicación no Documento Resolución Autor Pronunciamiento Cuestión abierta Efecto inmediato Efecto posterior previo alegada penal a testar solicitado 16/04 y 04/06/2018 A. López Villarrubia 16/04: intereses Textos definitivos; Importe, clase y Uso posterior del Fija marco de Pago, licitación y Objetos jurídicos Autos, solicitud, sujetos al art. 59 LC solicitud de periodo de umbral como deuda intereses y umbral adjudicación sobre distintos o actas, AP y límite hipotecario, aclaración; actas de intereses; cerrada pese a de tercero cifra no conciliada liquidación posterior 23/07/2019 y AP con liquidación saldo diferencia entre delimitación de la válida 23/12/2021 a posterior; 04/06: umbral y crédito AP verificar umbral de mejora definitivo basado en actas CAM 24/10/2019 A. López Villarrubia No convalidación Escritura Restitución, registro Efectos habrían Rechaza Perímetro de Existió reversión o Expediente de de operación OB 28/11/2018; plan; y 400.000 € persistido sin acto convalidación licitación y título nuevo título no ejecución, registro, REM suspensión identificado final localizado cuentas 12/05/2020 A. López Villarrubia Cosa juzgada y Escritos, actas de Cuantía definitiva, Cierre y reserva Limita contradicción Cierre de cifra y Objetos distintos o Auto íntegro y futura saldo y delimitación clasificación y futura umbral reserva meramente escritos determinación, AP 23/07/2019 transformación del potencialmente instrumental previos/posteriores según copia umbral en crédito incompatibles Página 20 de 27 ## Página pública 25 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — MATRIZ DE RESOLUCIONES MATRIZ — GRUPOS 4 A 6 Conocimiento Contradicción Explicación no Documento Resolución Autor Pronunciamiento Cuestión abierta Efecto inmediato Efecto posterior previo alegada penal a testar solicitado 18/01 y 24/02/2021 A. López Villarrubia Rechazo de Escritos sobre Cifra, estado y Cierre sin Impide aclaración y Terceros compiten Medidas Autos, fotos, determinación; deuda, masa, protección del liquidación e comprobación sobre objeto innecesarias o peticiones, rechazo de acceso y obras activo inexistencia de incierto dilatorias informes del AC inspección/pericial prueba independiente 06/05 y mayo 2021 A. López Villarrubia Cierre y licitación; Todo lo anterior; Umbral, objeto, Competencia con Convoca/desarrolla Adjudicación al Oferta CAM Edicto, logs, “sin más Ottawa/ONA acceso e igualdad posiciones no licitación controlador previo superior o reglas ofertas, grabación pronunciamientos”, homogéneas válidas a verificar Ene–feb 2022 A. López Villarrubia Adjudicación, No convalidación, Beneficiario, Consolidación sin Habilita transmisión Inscripción y Documentos Autos, / LAJ según acto testimonios y título cifra discutida, crédito, objeto, puente documental explotación reconciliaban DIOR/decreto, identidad societaria cancelación de identificado posterior válidamente la escritura, y AP 23/12/2021 a cargas y operación comunicación al verificar comunicación Juzgado, post-escritura cancelación, Registro y poderes Página 21 de 27 ## Página pública 26 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS​ 17 DE JUNIO DE 2026 XV. DILIGENCIAS INICIALES LIMITADAS Y PROPORCIONADAS Se solicita una primera fase estrictamente documental, delimitada y certificada. Su finalidad es que la Sala disponga del registro oficial necesario antes de decidir sobre archivo, inadmisión, incoación o necesidad de querella. Las diligencias personales o técnicas más amplias se reservan para una segunda fase únicamente si el examen inicial revelara indicios suficientes, contradicciones objetivas o una conexión concreta con las resoluciones denunciadas. 1. Testimonio o acceso al expediente judicial electrónico de las piezas concretamente vinculadas a los seis grupos de resoluciones, sin incorporar indiscriminadamente todo el Concurso 36/2012. 2. Copias certificadas e íntegras de los Autos de 16 de abril y 4 de junio de 2018; Auto de 24 de octubre de 2019, notificado el 25 de octubre; Auto de 12 de mayo de 2020; Autos de 18 de enero, 24 de febrero y 6 de mayo de 2021; decisiones de licitación y adjudicación de 2021; Auto de 15 de octubre de 2021; Auto de 26 de enero de 2022 de complemento o aclaración al amparo del artículo 215.3 LEC; testimonios y actos habilitantes; escritura de 21 de febrero de 2022; y resoluciones de la Audiencia Provincial de 23 de julio de 2019 y 23 de diciembre de 2021, esta última como resolución del recurso de queja 741/2021. 3. Escritos, solicitudes, informes y documentos expresamente vinculados a esas resoluciones, con certificación, cuando sea posible, de su fecha efectiva de creación, asiento de entrada, incorporación al expediente, traslado o notificación a las partes y resolución o diligencia mediante la que comenzaron a producir el efecto jurídico que se les atribuye. 4. Documentación de junio a septiembre de 2018 sobre la estructura de rescate: comunicación original de Daniel Irigoyen, anexos, cabeceras y metadatos; contrato de arrendamiento de industria con ONA y anexo firmados; encargo profesional y provisión; valoración, due diligence, plan de negocio y paquete de financiación; solicitud preparada y circulada el 10 de septiembre; certificación sobre si alguna versión definitiva fue presentada; y, en su caso, constancia judicial de recepción, traslado, requerimientos, respuesta y tratamiento. 5. Textos definitivos, Auto de cambio de titularidad, solicitud y Autos de aclaración, actas de saldo, certificados, escritos y documentos utilizados para establecer el crédito operativo y el umbral exigido a terceros. 6. Escritura de 28 de noviembre de 2018, cheque de 400.000 euros, solicitud de convalidación, Auto de 24 de octubre de 2019 y todo acto posterior invocado como restitución, reversión, rectificación, conciliación o nuevo título. 7. Edicto, publicación, logs de notificación, condiciones, descripción del perímetro, información facilitada a postores, grabación y acta de la comparecencia o licitación de mayo de 2021. 8. Documento original y metadatos de Ottawa GBC y documentación de ONA estrictamente necesaria para verificar recepción, acceso, solvencia, tratamiento y respuesta. 9. Autos, diligencias, decretos, testimonios, escritura e inscripciones de enero–febrero de 2022, con identificación exacta del beneficiario y de los bienes. 10. Rendición de cuentas definitiva de la Administración Concursal, con constancia de presentación, traslado, aprobación, impugnación y resolución recaída; o certificación expresa de que no consta incorporada en las actuaciones delimitadas. 11. Resolución, decreto, testimonio, mandamiento o comunicación que hubiera acordado o permitido la cancelación de las cargas tras la adjudicación, con identificación del procedimiento, beneficiario, fundamento, fecha de incorporación y traslado a las partes. Página 22 de 27 ## Página pública 27 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS​ 17 DE JUNIO DE 2026 12. Comunicación que, conforme a la escritura de 21 de febrero de 2022 o a las resoluciones habilitantes, debiera haber realizado la Administración Concursal al Juzgado después de la formalización, junto con sus anexos y la respuesta judicial o procesal que hubiera recaído. 13. Certificados históricos del Registro Mercantil y BORME, NIF, poderes y documentos de sucesión procesal necesarios para identificar al acreedor, ejecutante, oferente, adjudicatario y titular registral. 14. Declaración de D. Gil Marer para ratificar la denuncia, explicar procedencia documental e identificar extremos de localización. 15. Sólo después del examen documental, declaración limitada de Daniel Irigoyen, profesionales presentes y demás testigos específicamente vinculados a hechos documentados. Se interesa la conservación inmediata de grabaciones, actas, metadatos, registros de publicación y notificación, documento original de Ottawa/ONA y expediente judicial electrónico de las actuaciones delimitadas, por tratarse de materiales susceptibles de pérdida, migración o degradación. Una vez incorporado y certificado el núcleo documental, se interesa que, si persisten cuestiones técnicas determinantes, se valore una pericial independiente —preferentemente por economista forense o experto en contabilidad concursal, financiación de reestructuración y operaciones hoteleras— limitada a: identificar qué elementos estaban firmados o formalizados; qué pasos de cierre permanecían pendientes; qué importe verificable era necesario para pagar o consignar; qué información o actuación del Juzgado o de la Administración Concursal era necesaria para completar el cierre; y qué consecuencias económicas objetivas pudieron derivarse de su falta de tratamiento. El perito no deberá pronunciarse sobre dolo, prevaricación o culpabilidad. Los requerimientos bancarios sobre los 400.000 euros, la investigación de seguridad, obras y explotación, las comunicaciones a CNMV, RIC, autoridades fiscales o de fondos, las listas amplias de testigos y el examen corporativo de terceros quedarían para una fase ulterior y sólo procederían si el núcleo inicial revelara indicios individualizados. XVI. SUPLICO A LA SALA Que tenga por presentado este escrito, con sus documentos y copias, por formulada DENUNCIA PENAL Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DIRECTA respecto de hechos indiciariamente relevantes producidos en el Concurso Ordinario nº 36/2012, y acuerde: PRIMERO. Su registro, conservación e identificación mediante el número de expediente o actuación que corresponda, expidiendo al denunciante resguardo acreditativo de su presentación. SEGUNDO. La incorporación incluída al final del escrito como antecedente del expediente documental relativo a las Diligencias de Investigación Preprocesales nº 2/2026 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyo Decreto de 6 de marzo de 2026 declaró expresamente que el archivo no producía efectos de cosa juzgada y que el denunciante podía reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente. TERCERO. Que se dé audiencia o traslado al Ministerio Fiscal en los términos legalmente procedentes. CUARTO. Que se valore la competencia de esta Sala conforme al artículo 73.3.b) LOPJ y la procedencia de incoar la causa mediante providencia conforme al artículo 406 LOPJ, o de adoptar la actuación que resulte procedente conforme al artículo 407 LOPJ. QUINTO. Que, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la relevancia penal de los hechos —y, en particular, antes de un eventual archivo por insuficiencia indiciaria o por considerarlos una mera Página 23 de 27 ## Página pública 28 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS​ 17 DE JUNIO DE 2026 discrepancia jurisdiccional— se obtenga, certifique y examine el núcleo documental mínimo expresamente delimitado: las resoluciones identificadas, incluidos el Auto de 4 de junio de 2018 y las delimitaciones de la Audiencia Provincial; los escritos y asientos que acreditan conocimiento previo; la estructura de rescate y sus documentos firmados; los documentos utilizados para establecer el crédito y el umbral; la operación OB REM y su eventual ejecución restitutoria; la licitación y Ottawa/ONA; y los actos de adjudicación, comunicación post-escritura, cancelación de cargas, titulación e identificación societaria de 2022, con trazabilidad de creación, entrada, incorporación, traslado, notificación y efecto. SEXTO. Que se acuerde la conservación inmediata de grabaciones, actas y metadatos de la comparecencia o licitación de mayo de 2021; registros de publicación y notificación; documento original y metadatos de Ottawa/ONA; y expediente judicial electrónico completo correspondiente a las actuaciones delimitadas. SEXTO BIS. Que, una vez incorporado y examinado el testimonio certificado y sólo si subsisten cuestiones técnicas relevantes para comprender la viabilidad, mecánica de cierre, cuantificación del pasivo o efecto económico de las operaciones delimitadas, se valore la designación de un perito independiente con experiencia en contabilidad concursal y financiación de reestructuración; subsidiariamente, que se indique el cauce adecuado para aportar un dictamen independiente basado en el mismo registro certificado. La pericial deberá limitarse a cuestiones técnicas y no pronunciarse sobre responsabilidad penal, dolo o prevaricación. SÉPTIMO. Que, si la Sala concluyera que para la apertura de una causa formal resulta indispensable la presentación de querella con abogado y procurador, se notifique expresamente al denunciante, conservando esta comunicación y sus documentos como antecedente registrado, sin atribuirle efectos procesales distintos de los legalmente correspondientes. OCTAVO. Que, si de la comprobación documental resultaran indicios individualizados respecto de personas no aforadas, se deduzca testimonio al órgano judicial competente, sin prejuzgar en este momento su responsabilidad o calificación jurídica. OTROSÍ DIGO PRIMERO. Que el denunciante ofrece prestar declaración, ratificar personalmente esta denuncia e identificar la procedencia y localización de los documentos aportados. OTROSÍ DIGO SEGUNDO. Que solicita que toda resolución relativa a registro, competencia, remisión, inadmisión o archivo le sea notificada en el domicilio y correo electrónico indicados. OTROSÍ DIGO TERCERO. Que las referencias a terceras personas y entidades se formulan exclusivamente como contexto documental y para permitir la comprobación de los hechos, sin efectuar imputación penal cerrada contra ellas. OTROSÍ DIGO CUARTO. Que la presente denuncia es independiente del expediente disciplinario DI 169/2026, de los recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la denuncia separada relativa a la actuación del Administrador Concursal. OTROSÍ DIGO QUINTO. Que la constancia de la fecha de presentación se solicita exclusivamente a efectos de registro y trazabilidad, sin atribuir unilateralmente a esta denuncia efectos sobre prescripción, interrupción o personación que sólo puedan derivarse de la ley y de la resolución judicial competente. OTROSÍ DIGO SEXTO. Que las referencias a adjudicación, adquisición, titularidad o propiedad se emplean descriptivamente y no comportan reconocimiento de validez ni renuncia a acciones concursales, civiles, mercantiles, registrales, restitutorias o resarcitorias. Página 24 de 27 ## Página pública 29 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS​ 17 DE JUNIO DE 2026 En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 2026. [FIRMA E IDENTIFICADOR OMITIDOS] ## Página pública 30 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS​ 17 DE JUNIO DE 2026 XVII. ÍNDICE CERRADO DE ANEXOS DEL PAQUETE DE PRESENTACIÓN El paquete digital generado acompaña únicamente un núcleo documental selectivo, verificable y proporcionado. No pretende sustituir el expediente judicial certificado que se solicita a la Sala. Los documentos de identidad y las piezas completas de las DIP 2/2026 deberán añadirse manualmente antes de la presentación si se dispone de ellas. BLOQUE FISCALÍA — DIP 2/2026 ●​ DOCUMENTO F-1 — Decreto de Fiscalía correspondiente a las DIP 2/2026 ●​ DOCUMENTO F-2 — Oficio o comunicación de notificación correspondiente a las DIP 2/2026 ANEXO 1 — Comunicación contemporánea de D. Daniel Irigoyen Fujiwara de 13 de junio de 2018, con referencia a la reunión mantenida con el Magistrado-Juez y el Administrador Concursal. ANEXO 2 — Oferta vinculante condicionada de financiación de 12 de junio de 2018 — estructura Aweswell / Stoneweg. ANEXO 3 — Extracto disponible del Auto de 4 de junio de 2018 relativo a las cantidades utilizadas para fijar el umbral de mejora de terceros. ANEXO 4 — Extracto disponible del Auto nº 78/2019 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de 23 de julio de 2019. ANEXO 5 — Extracto disponible del Auto de 24 de octubre de 2019, notificado el 25 de octubre, que rechazó la convalidación de la escritura de 28 de noviembre de 2018. ANEXO 6 — Auto de 12 de mayo de 2020 relativo, entre otros extremos, al tratamiento de intereses, cuantificación de deuda y cosa juzgada. ANEXO 7 — Escrito de Aweswell relativo al estado y preservación de la masa activa. ANEXO 8 — Escrito de Construcciones Acosta Matos frente a las alegaciones de Aweswell sobre el estado de la masa activa, de 15 de febrero de 2021. ANEXO 9 — Auto de 24 de febrero de 2021 relativo a la masa activa y la continuación de la liquidación. ANEXO 10 — Extracto disponible del Auto de la Audiencia Provincial de 23 de diciembre de 2021, resolutorio del recurso de queja sobre recurribilidad; no constituye una liquidación autónoma y firme del crédito. RESERVA DOCUMENTAL NO APORTADA COMO ANEXO NUCLEAR Se conserva separadamente, para su aportación a requerimiento o en una segunda fase, la documentación ampliada sobre textos definitivos, oferta CAM, operación OB REM, licitación, adjudicación, comunicaciones profesionales, financiación, ONA, Ottawa, registro, contabilidad, identidad societaria y actuaciones institucionales. La existencia de esta reserva se identifica en el manifiesto de entrega, sin atribuirle por el momento valor probatorio autónomo. Página 26 de 27 ## Página pública 31 de 31 DENUNCIA PENAL DIRECTA — CONCURSO ORDINARIO 36/2012 — TSJ CANARIAS​ 17 DE JUNIO DE 2026 ___________________________________________________ BLOQUE FISCALÍA — DIP 2/2026 ●​ DOCUMENTO F-1 — Decreto de Fiscalía correspondiente a las DIP 2/2026 ●​ DOCUMENTO F-2 — Oficio o comunicación de notificación correspondiente a las DIP 2/2026 La Fiscalía declaró expresamente que el archivo no producía efectos de cosa juzgada y que el denunciante podía reiterar su denuncia ante el órgano judicial competente. Documentoaportadoencopiadisponible. Página 27 de 27