# Recurso de apelación de Aweswell contra la Sentencia 4/2026 - **ID documental:** F15 - **Carril:** Honorarios / responsabilidad civil - **Fecha del documento:** 2026-02-23 - **Emisor / parte:** Aweswell Limited - **Clase:** Recurso de apelación - **Procedimiento:** RPL 421/2026 - **Extensión fuente:** 17 páginas PDF - **Anclaje de procedencia:** Gmail 19c8a7b4d4fe393d - **SHA-256 de la fuente controlada:** `5383dce15ac86a0de88ea76c98bb971a774390af48eae0309b2bb867e21d4982` - **Estado de la copia:** Copia fuente localizada > Transcripción pública íntegra del contenido sustantivo localizado. Se han suprimido únicamente cabeceras administrativas repetitivas, datos de contacto/identificación, cuentas o códigos de verificación, metadatos de firma y nombres de profesionales procesales no necesarios. Los marcadores de redacción son visibles. Alegaciones de parte no equivalen a hechos probados. ## Texto íntegro redactado ### Página 1 de 17 ```text A LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS Doña [profesional procesal suprimido], Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Aweswell Limited [identificador societario suprimido] con delegación en España con nombre Monterecco Sun Park Limited [identificador societario suprimido] cuya representación consta acreditada en el procedimiento al margen referenciado, y bajo la dirección letrada de Don [profesional procesal suprimido], colegiación [suprimida] del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO: cual se desestiman la demanda interpuesta por esta parte contra Don Francisco de Borja Rodgiuez-Batllori Laffitte. Que estimando dicha resolución lesiva a los intereses de mi representada y, dicho en términos de estricta defensa, contraria a Derecho, por medio del presente escrito, y de conformidad con lo establecido en los artículos 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra el Sentencia de 21 de enero de 2026 dictado por el Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria N.º 1 en el procedimiento ordinario 641/2024 sobre la base de las siguientes, ALEGACIONES PRIMERA. –Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) por cierre anticipado del procedimiento mediante equiparación no legalmente impuesta entre cuantificación cero y pérdida de la condición de acreedor a efectos del art. 94 TRLC (1) El juzgado de instancia desestima la demanda en el trámite preliminar, fundando exclusivamente su decisión en la supuesta falta de legitimación activa al considerar que la constancia de un crédito por importe cero en la lista definitiva de acreedores comporta la pérdida de la condición de acreedor concursal de la demandante. Esta premisa no aparece por primera vez en la sentencia, sino que fue anticipada en la audiencia previa, en la que el órgano judicial afirmó: “En todo caso, este tribunal adelanta la decisión de que considera que no tiene la parte actora legitimación activa porque no es acreedor”. De este modo, la equivalencia entre cuantificación cero y falta de ``` ### Página 2 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria legitimación quedó asumida como presupuesto decisivo del proceso, determinando el cierre del procedimiento sin examen del fondo de la pretensión ejercitada. (2) En este contexto, el presente bloque se articula en cuatro planos sucesivos: (i) la posición formal de la demandante en los textos definitivos del concurso; (ii) el carácter no automático de la equiparación entre cuantificación cero y pérdida de la condición de acreedor; (iii) la interpretación del concepto de “acreedor concursal” a efectos del art. 94 TRLC en el ámbito de la acción ejercitada; y (iv) el estándar aplicable cuando la legitimación depende de una delimitación jurídica controvertida y se opta por el cierre liminar del procedimiento. (3) Consta en autos, y así resulta de los textos definitivos aprobados en el procedimiento concursal, que la demandante figura en la lista definitiva de acreedores incluidos bajo su anterior denominación social. El cambio de denominación ha quedado igualmente acreditado en las actuaciones, sin que exista controversia sobre la identidad subjetiva entre la entidad que aparece en dicha lista y la que ejercita la presente acción. (4) Lo que importa destacar, a los efectos de la presente alegación, es que la demandante no figura en la lista de acreedores excluidos. Los textos definitivos del concurso distinguen expresamente la relación de acreedores incluidos y la de acreedores excluidos, como categorías diferenciadas a efectos de la delimitación subjetiva del procedimiento. La actora permanece en la primera de ellas y no fue objeto de inclusión en la relación de excluidos. (5) La relación de acreedores incluidos en los textos definitivos cumple una función de identificación formal de quienes ostentan la condición de acreedor dentro del procedimiento concursal. En dichos textos se fijan tanto la existencia y características del crédito como la delimitación subjetiva del concurso una vez alcanzan firmeza, configurando el marco dentro del cual se articulan las posiciones procesales de las partes. (6) La inclusión de Aweswell Limited bajo su anterior denominación en la relación de acreedores incluidos, así como la ausencia de inclusión en la de excluidos, constituyen extremos documentales no controvertidos. La resolución recurrida considera irrelevante esa posición formal al atender exclusivamente a la cuantificación del crédito fijada en cero. Tal equiparación responde a una determinada interpretación del alcance jurídico de dicha cuantificación, que no aparece impuesta de forma expresa por el tenor legal ni configurada como consecuencia automática en los textos definitivos. (7) El texto refundido de la Ley Concursal, tanto en la versión aplicable a la elaboración de los textos definitivos como en la vigente, no contiene una regla que atribuya a la mera cuantificación del crédito en cero el efecto automático de pérdida de la condición de acreedor. La conclusión alcanzada en la resolución recurrida se apoya, así, en una determinada interpretación del alcance ``` ### Página 3 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria jurídico de dicha cuantificación, sin que el precepto legal articule expresamente una conversión directa entre inclusión en la lista y exclusión implícita por razón del importe fijado. (8) La equiparación adoptada vincula directamente la cuantificación del crédito con la pérdida de la condición procesal de acreedor. El propio sistema concursal distingue entre la condición de acreedor —que habilita para intervenir y ejercitar determinadas acciones— y el contenido económico del crédito, que puede ser objeto de debate independiente. Trasladar automáticamente la cuantificación fijada en los textos definitivos al plano de la legitimación procesal supone asumir una conexión que la normativa aplicable no formula como consecuencia directa. (9) En este sentido, la resolución no fundamenta esa conexión como una consecuencia expresamente prevista en la normativa concursal ni como un criterio consolidado, sino como resultado de una determinada interpretación de la cuantificación fijada en los textos definitivos. (10) El art. 94 TRLC, en la regulación de la acción ejercitada, atribuye la legitimación activa a los acreedores concursales. La determinación de si la actora encaja en ese concepto, a la luz de su posición en los textos definitivos y de la cuantificación fijada, constituye el núcleo jurídico de la controversia. La resolución recurrida resolvió dicha cuestión mediante la equiparación directa entre cuantificación cero y ausencia de legitimación. (11) La acción prevista en el art. 94 TRLC —ejercitada en el presente procedimiento— tiene carácter colectivo y se dirige al eventual reintegro a la masa del concurso de los perjuicios que se atribuyen a la administración concursal. Su objeto no consiste en la satisfacción individual del crédito de la actora, sino en la depuración de la gestión concursal en los términos establecidos por la Ley. En este marco, la legitimación se conecta con la pertenencia al perímetro subjetivo del concurso y con la posición reconocida en los textos definitivos, lo que impide reducir la cuestión exclusivamente a la dimensión cuantitativa del crédito fijado. (12) En el ejercicio de acciones de carácter colectivo como la prevista en el art. 94 TRLC, la legitimación se proyecta sobre la posición que el sujeto ocupa dentro del procedimiento concursal y no exclusivamente sobre la expectativa de satisfacción individual de su crédito. La cuantificación fijada en los textos definitivos no agota por sí sola el análisis de esa posición procesal. (13) La equiparación automática entre la condición de acreedor concursal y la titularidad de un crédito reconocido por importe positivo no resulta impuesta por la regulación de la acción del art. 94 TRLC. La interpretación adoptada en la resolución recurrida convierte la cuantificación fijada en los textos definitivos en criterio exclusivo de delimitación de la legitimación, cuando el precepto no articula esa consecuencia como resultado directo. (14) La cuestión fue abordada en la audiencia previa como si la falta de legitimación constituyera un presupuesto ya definido, afirmándose anticipadamente su inexistencia. Sin embargo, la posición ``` ### Página 4 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria de la actora en los textos definitivos —incluida en la relación de acreedores y no en la de excluidos— situaba el debate en el ámbito de la delimitación jurídica del concepto de acreedor a efectos de la acción ejercitada. En tales circunstancias, la equiparación entre cuantificación cero y ausencia de legitimación no operaba como una consecuencia necesaria, sino como resultado de una determinada interpretación. (15) Cuando la legitimación se vincula a la interpretación del alcance jurídico de los textos definitivos y del concepto de acreedor en la acción ejercitada, la decisión sobre su concurrencia exige valorar esa delimitación de forma expresa. En el presente caso, la exclusión de legitimación se fundamentó exclusivamente en la cuantificación del crédito fijada en cero, sin un examen sustantivo de si tal cuantificación comportaba, por sí sola, la pérdida de la condición procesal de la actora. (16) En suma, el cierre del procedimiento se apoyó en la consideración de que la cuantificación del crédito en cero determinaba, por sí sola, la ausencia de legitimación activa. La inclusión formal de la actora en la lista definitiva de acreedores situaba la controversia en el terreno de la delimitación jurídica del concepto de acreedor a efectos de la acción ejercitada. La resolución optó por una de las posibles interpretaciones de dicha delimitación y la trató como presupuesto excluyente del examen del fondo. SEGUNDA. – Quebrantamiento del esquema lógico-probatorio del proceso por calificación del debate como puramente jurídico e imposición posterior de carga probatoria imposible, con vulneración del art. 24 CE y del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) (17) El presente motivo se refiere a la configuración procesal del debate probatorio en la instancia y a la coherencia interna del esquema decisorio adoptado. La cuestión no versa sobre la valoración de prueba practicada, sino sobre la calificación misma del objeto litigioso y las consecuencias que de dicha calificación se derivaron en materia de admisión probatoria. (18) En el acto de audiencia previa, el órgano judicial califica el debate como cuestión puramente jurídica, considerando innecesaria la prueba contable solicitada por esta parte y rechazando la admisión de documentación complementaria y de diligencias de exhibición. Esta calificación se formula, conforme consta en autos, tras la correspondiente protesta de esta parte. En la sentencia se reprocha, sin embargo, la ausencia de prueba documental que acredite el daño alegado. (19) Esta secuencia genera una dificultad de coherencia interna que no es menor. Si el debate era puramente jurídico, la exigencia de prueba material del daño carece de fundamento lógico; si, por el contrario, el debate requería soporte probatorio, la calificación inicial no era correcta y la inadmisión de prueba habría privado a la actora del instrumento necesario para sostener su pretensión. La combinación de ambas premisas —debate jurídico que neutraliza la prueba, ``` ### Página 5 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria seguido de exigencia de prueba para sostener la pretensión— genera una situación procesal de difícil encaje con los principios que informan el derecho a la tutela judicial efectiva. (20) La cuestión se vincula con la correcta aplicación de las reglas sobre la carga de la prueba previstas en el art. 217 LEC. Este precepto distribuye dicha carga en función de la naturaleza de los hechos: quien alega un hecho constitutivo de su derecho debe probarlo, y la distribución puede modularse cuando las circunstancias del caso lo justifiquen. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha precisado que la infracción del art. 217 LEC solo puede apreciarse cuando el órgano judicial declara no probado un hecho relevante tras haberse desarrollado actividad probatoria susceptible de valoración. En este sentido, el Tribunal Supremo mantiene que la carga de la prueba no puede operar en el vacío, sino que presupone la existencia de actividad probatoria que, valorada conforme a las reglas de la sana crítica, haya permitido al tribunal formar su convicción sobre los hechos controvertidos. (21) En el presente caso, no hubo actividad probatoria porque el órgano de instancia calificó el debate como jurídico e inadmitió la prueba solicitada. La aplicación posterior de la regla de distribución del onus probandi, por tanto, opera sobre un presupuesto inexistente: la valoración de una prueba que no llegó a practicarse. Esta circunstancia altera sustancialmente el esquema de aplicación del art. 217 LEC, pues convierte en fracaso probatorio lo que es, en realidad, una imposibilidad procesal derivada de la decisión adoptada en la fase de admisión. (22) La doctrina jurisprudencial ha advertido, además, sobre el riesgo de configurar situaciones de probatio diabólica en aquellos supuestos en los que la exigencia probatoria recae sobre una parte que carece de acceso material a la fuente de prueba. La doctrina del Tribunal Supremo aborda esta cuestión en relación con supuestos en los que la documentación relevante se encuentra bajo el control de la parte contraria, y señala que en tales casos la aplicación rígida del art. 217 LEC puede resultar contraria al principio de facilidad probatoria reconocido en el apartado 7 del mismo precepto. En términos similares, el Tribunal Constitucional ha recordado que cuando la prueba principal se encuentra en poder o bajo custodia de una de las partes, la no aplicación del principio de facilidad probatoria puede generar indefensión constitucionalmente relevante, especialmente si dicha parte se beneficia de su propia actuación irregular o de su falta de colaboración procesal. (23) Estos criterios adquieren especial relevancia en el ámbito de la acción del art. 94 TRLC, donde la documentación contable y los justificantes retributivos del administrador concursal se encuentran bajo su exclusivo control y custodia. Exigir a la actora la prueba del exceso retributivo sin facilitar el acceso a dicha documentación o sin articular mecanismos de exhibición supone, en los hechos, imponerle la carga de probar un hecho cuya verificación depende de información que no está a su alcance. Esta situación no se resuelve afirmando que la actora debió aportar la prueba conforme ``` ### Página 6 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria al art. 265 LEC, sino examinando si el acceso a esa prueba era materialmente posible sin la intervención del órgano judicial. (24) Debe señalarse, por último, que el procedimiento se tramita ante el mismo Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso. La normativa concursal establece de forma inequívoca la competencia del Juez del Concurso para conocer de las acciones de responsabilidad contra la administración concursal. Esta atribución competencial —expresión de la vis atractiva concursal— no es neutra desde el punto de vista probatorio, pues implica que la documentación obrante en el procedimiento principal integra el marco cognoscitivo del órgano judicial. (25) La finalidad de esta concentración de competencias es doble: a) Garantizar la unidad y coherencia del procedimiento, evitando resoluciones contradictorias. b) Aprovechar el conocimiento exhaustivo y directo que el Juez del Concurso ya posee sobre la tramitación del procedimiento, las decisiones adoptadas y el contexto en el que actuó la administración concursal. (26) La acción de responsabilidad contra el administrador concursal no es una acción autónoma y desconectada del concurso principal; es, por el contrario, una consecuencia directa de su actuación dentro de dicho concurso. La conducta del administrador concursal ya sea activa u omisiva, se materializa a través de los escritos, informes, solicitudes de autorización y decisiones que constan en los autos principales. Pretender que el Juez del Concurso ignore la documentación que obra en su poder en los autos principales para juzgar la responsabilidad en un incidente separado sería un formalismo contrario a la propia razón de ser de su competencia. La calificación del debate no puede prescindir de la documentación obrante en el procedimiento principal cuando el objeto litigioso deriva directamente de actuaciones desarrolladas en dicho marco. El conocimiento que el órgano judicial posee del concurso no puede no operar como presupuesto de una conclusión sobre el fondo en Audiencia Previa y, simultáneamente, neutralizar la actividad probatoria necesaria para su contraste procesal. (27) A mayor abundamiento, es necesario someter a consideración la naturaleza del objeto litigioso y a las consecuencias que de ella se derivan en términos de distribución racional de las cargas probatorias. La cuestión de fondo no consiste en determinar si el administrador concursal actuó con diligencia o negligencia en términos abstractos, ni en valorar la oportunidad de sus decisiones de gestión. La cuestión es más concreta y, por ello mismo, más susceptible de verificación objetiva: determinar si el administrador concursal percibió retribuciones superiores a las legalmente establecidas, si aplicó intereses que la normativa concursal excluye, y si el devengo de honorarios superó el límite temporal fijado por la disposición adicional tercera de la Ley 25/2015. (28) Estas cuestiones son predominantemente fácticas cuya verificación exige soporte contable, aun cuando puedan proyectar consecuencias jurídicas. Son cuestiones cuantificables, objetivamente ``` ### Página 7 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria verificables mediante el examen de la contabilidad del concurso y de los justificantes de pago. La determinación de si existe o no exceso retributivo exige conocer: cuánto se ha cobrado, en qué conceptos, durante qué periodo, y con qué soporte documental. Esta información no se encuentra a disposición del acreedor que ejerce la acción. Se encuentra bajo el control exclusivo del administrador concursal, que es quien gestiona la contabilidad del concurso, quien elabora los documentos trimestrales, quien determina las partidas retributivas, y quien custodia los justificantes de pago. (29) Esta asimetría informativa no es accidental ni deriva de la pasividad de la actora. Es estructural: el sistema concursal atribuye al administrador concursal la llevanza de la contabilidad del concurso, la formulación de las cuentas anuales, y la justificación de sus retribuciones. El acreedor que pretende ejercitar una acción por daño a la masa no tiene acceso directo a esa documentación, ni puede reconstruirla unilateralmente sin intervención judicial. La aplicación del art. 217.2 LEC en un contexto de este tipo —exigiendo a la actora la prueba de los hechos constitutivos sin facilitar el acceso a la fuente probatoria— genera el riesgo de configurar una situación de probatio diabólica, en la medida en que impone una exigencia probatoria materialmente inalcanzable. (30) El art. 217.7 LEC contempla expresamente esta situación al disponer que "para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio". Este precepto no introduce una excepción al principio general de distribución de la carga de la prueba, sino una modulación racional fundada en la posición efectiva de cada parte respecto de la fuente probatoria. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo advierte que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza o de su falta de colaboración procesal, y que cuando una parte obstaculiza el acceso a la fuente de prueba, la valoración del resultado probatorio debe realizarse de manera flexible, sin imputar a la parte perjudicada las consecuencias de una imposibilidad que no le es imputable. Tal es la situación que se proyecta en el presente caso. (31) La doctrina constitucional refuerza este planteamiento recordando que cuando la prueba principal se encuentra en poder o bajo custodia de una de las partes, la no aplicación del principio de facilidad probatoria puede generar indefensión constitucionalmente relevante. El Tribunal Constitucional subraya que esta situación es especialmente grave cuando la parte que controla la documentación se beneficia de su propia actuación irregular o de su falta de colaboración, pues en tales casos la rigidez en la aplicación de las reglas sobre carga de la prueba puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24 CE. A estos efectos, debe recordarse que el art. 118 CE impone a todos los ciudadanos y a las personas jurídicas el deber de colaborar con los tribunales en el desarrollo del proceso, deber que se proyecta con especial intensidad en aquellos supuestos en los que una de las partes tiene acceso exclusivo a la documentación relevante para la resolución del litigio. ``` ### Página 8 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria (32) En el presente caso concurren todos los elementos que, conforme a la doctrina expuesta, justifican la aplicación del principio de facilidad probatoria: la documentación contable y los justificantes retributivos están bajo control exclusivo del administrador concursal; el acreedor no tiene acceso material a ellos sin intervención judicial; la determinación del exceso retributivo depende estructuralmente de la información contenida en esa documentación; y el objeto del litigio consiste precisamente en verificar si el administrador ha percibido retribuciones superiores a las legalmente establecidas, cuestión que solo puede resolverse mediante el examen de los registros contables y de los justificantes de pago. (33) La aplicación rígida del art. 217.2 LEC en este contexto —exigiendo a la actora la prueba de los hechos constitutivos sin facilitar el acceso a la fuente probatoria— genera una situación de desigualdad material incompatible con el principio de igualdad de armas y con la función que el ordenamiento atribuye al art. 217.7 LEC. No se trata de invertir la carga de la prueba, sino de distribuirla racionalmente atendiendo a la posición efectiva de cada parte respecto de la fuente de conocimiento. Quien controla la documentación contable, quien determina las partidas retributivas, y quien custodia los justificantes de pago está en mejor disposición para justificar el carácter imprescindible de las actuaciones realizadas y la adecuación de las cantidades percibidas que quien, desde la posición externa de acreedor, pretende cuestionar dichas percepciones. (34) Este planteamiento encuentra soporte específico en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la carga de justificación que corresponde al administrador concursal en relación con sus retribuciones. La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:1387), aborda con detalle esta cuestión y sienta una doctrina de especial relevancia para el presente caso. El Alto Tribunal señala que no todos los honorarios devengados por el administrador concursal pueden considerarse automáticamente como gastos imprescindibles del concurso, y que corresponde al administrador concursal identificar las actuaciones concretas realizadas, justificar su carácter imprescindible, y cuantificar el importe correspondiente. La sentencia añade que el órgano judicial debe valorar esa justificación, y que si el administrador concursal no identifica de manera suficiente las actuaciones realizadas o no acredita su carácter imprescindible, la percepción de honorarios por esos conceptos constituye una actuación indebida. (35) Esta doctrina altera sustancialmente la dinámica probatoria en el presente tipo de acciones. Si el administrador concursal tiene la carga de justificar el carácter imprescindible de las actuaciones realizadas y de cuantificar adecuadamente el importe correspondiente, la ausencia de esa justificación no puede resolverse imputando a la actora la falta de prueba del exceso. La carga de acreditar que las retribuciones percibidas se ajustan a derecho corresponde, en primera instancia, al administrador concursal; la carga de la actora se limita a cuestionar esa justificación y a señalar los indicios de irregularidad que, en su caso, puedan apreciarse en la documentación disponible. ``` ### Página 9 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria Invertir este esquema —como hace la resolución recurrida— supone trasladar a la actora una carga probatoria que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye al administrador concursal. (36) Desde esta perspectiva, la inadmisión de la prueba contable solicitada por esta parte y la posterior imputación de fracaso probatorio por falta de acreditación del daño generan una situación de difícil encaje con los principios expuestos. Si el acceso a la documentación contable era estructuralmente necesario para verificar el exceso retributivo, y si esa documentación estaba bajo control exclusivo del administrador concursal, la respuesta procesal adecuada no consistía en desestimar la demanda por falta de prueba, sino en articular los mecanismos que permitieran el acceso a la fuente probatoria o, en su defecto, en modular la carga de justificación conforme a la doctrina del Tribunal Supremo expuesta. (37) Por último es necesario abordar la práctica de la prueba en sede de apelación, bien por tratarse de documentos o actuaciones posteriores a la sentencia de primera instancia, bien por haberse denegado indebidamente en aquella fase. El art. 460 LEC regula con precisión los supuestos en los que cabe la admisión de prueba en segunda instancia, estableciendo en su apartado 2.1º que procederá cuando se trate de prueba que, propuesta en primera instancia, haya sido indebidamente denegada, siempre que el solicitante hubiera formulado en su momento la oportuna protesta. (38) En el presente caso concurren esta circunstancia. Consta acreditado en autos que esta parte solicitó en fase de audiencia previa la admisión de prueba contable y de diligencias de exhibición documental, petición que fue inadmitida por el órgano de instancia al calificar el debate como puramente jurídico. Esta parte formuló la correspondiente protesta, conforme consta igualmente en autos. La inadmisión de esa prueba —que esta parte considera indebida por las razones ya expuestas— habilita el carril procesal del art. 460.2. 1º LEC para su práctica en sede de apelación. (39) En relación con este precepto debe destacarse que con posterioridad a la interposición de la demanda se ha producido una circunstancia sobrevenida de especial relevancia: el dictado de una Diligencia de Ordenación en sede concursal que constata que no consta documentación contable ni cuentas anuales formuladas desde 2017. En tales condiciones, la aportación de esa documentación en fase de demanda no era jurídicamente exigible ni materialmente posible. (40) La inexistencia de contabilidad no es una circunstancia neutral. Es un elemento que altera sustancialmente la dinámica probatoria del procedimiento porque impide verificar los extremos fácticos cuya acreditación se reprocha. Esta imposibilidad no es imputable a esta parte: no deriva de negligencia procesal ni de estrategia dilatoria, sino de la ausencia objetiva de los documentos que debieron haberse formulado y depositado conforme a la normativa concursal. Exigir a esta parte la prueba del daño mediante documentación inexistente constituye, en términos procesales, una exigencia de imposible cumplimiento. ``` ### Página 10 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria (41) Desde esta perspectiva, la declaración contenida en la Diligencia de Ordenación sobre la inexistencia de contabilidad y de cuentas anuales no sólo constituye un documento sobrevenido susceptible de aportación en apelación sino que altera sustancialmente el marco fáctico sobre el que debe resolverse la cuestión probatoria. Si no existe contabilidad, la exigencia de que la actora aporte prueba documental del exceso retributivo exige reconsiderar la distribución probatoria conforme al art. 217.7 LEC. Si el administrador concursal no ha formulado las cuentas anuales ni ha depositado la documentación contable legalmente exigible, la carga de justificar sus retribuciones no puede trasladarse al acreedor que ejerce la acción, sino que permanece en el propio administrador conforme a la doctrina del Tribunal Supremo expuesta en el apartado anterior. (42) Debe añadirse, por último, que la cuestión de la inexistencia de contabilidad no es ajena al procedimiento concursal matriz ni al conocimiento del órgano judicial. En el incidente de separación del administrador concursal tramitado con anterioridad, esta parte alegó precisamente la falta de formulación de cuentas anuales desde el ejercicio 2017 como una de las causas de separación. El órgano judicial desestimó dicha solicitud afirmando, entre otros extremos, que no advertía incumplimiento de las obligaciones del administrador concursal. Ahora, en el presente procedimiento, se sostiene que no hay prueba del daño. Esta secuencia evidencia la necesidad de que exista un cauce jurisdiccional efectivo para el examen de tales extremos, a fin de evitar que la eventual irregularidad quede sin contraste procesal: si en sede de separación se afirma que no consta incumplimiento pese a la alegación de falta de contabilidad, y en sede de acción de daño se exige a la actora la prueba mediante documentación contable, el resultado práctico es que la eventual irregularidad queda sin posibilidad de control jurisdiccional efectivo. (43) Así, la aplicación conjunta de ambos criterios —inexigibilidad de contabilidad al administrador concursal en el incidente de separación, y exigibilidad de prueba contable al acreedor en la acción de daño— genera un resultado práctico en el que la eventual irregularidad queda sin un cauce procesal adecuado para su verificación. Esta acción está diseñada precisamente para garantizar el control jurisdiccional de las actuaciones del administrador concursal que puedan haber causado daño a la masa. Si ese control queda neutralizado por la imposibilidad de acceder a la documentación que el propio administrador debió haber elaborado, se dificulta el control jurisdiccional efectivo previsto por el legislador en el art. 94 TRLC. (44) Por las razones expuestas, la resolución recurrida incurre en incoherencia metodológica al i) calificar el debate como puramente jurídico para inadmitir la prueba contable y, simultáneamente, exigir prueba material del daño para desestimar la demanda; ii) aplicar el régimen probatorio sin ponderar la asimetría informativa derivada del control exclusivo de la documentación contable por el administrador concursal; iii) desconocer la doctrina del Tribunal Supremo sobre la carga de justificación del administrador concursal y la necesidad de articular mecanismos de acceso a ``` ### Página 11 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria la fuente probatoria; y iv) no ponderar la relevancia de la circunstancia sobrevenida relativa a la inexistencia de contabilidad. En consecuencia, procedería la admisión y práctica de la prueba solicitada mediante la práctica en esta sede de las diligencias necesarias para esclarecer las percepciones retributivas del administrador concursal conforme a las facultades previstas en el art. 460 LEC y en conexión con el art. 82 TRLC. TERCERA. –Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) por inadmisión indebida de prueba esencial y falta de verificación material del presupuesto sustantivo en infracción del art. 94 TRLC y del régimen legal de control de la masa activa (45) El examen de los motivos expuestos en los bloques precedentes conduce a una cuestión de mayor alcance institucional, referida a la función que corresponde al órgano judicial en el ámbito de la gestión concursal y, en particular, cuando se ejercita una acción dirigida a depurar eventuales detracciones de masa activa derivadas de percepciones retributivas cuestionadas. (46) El procedimiento concursal no responde a la estructura del litigio bilateral clásico, en el que dos partes enfrentadas someten al órgano judicial la resolución de una controversia sobre derechos subjetivos. El concurso constituye, desde su apertura, un procedimiento de gestión jurisdiccional de un patrimonio separado, afectado a la satisfacción ordenada de los acreedores y sometido a un régimen normativo específico que limita las facultades dispositivas del deudor y establece mecanismos de control sobre la actuación de los órganos concursales. En este marco, la posición del órgano judicial no se agota en la función de dictar resoluciones sobre pretensiones deducidas por las partes, sino que se proyecta sobre la supervisión del desarrollo del procedimiento y sobre la verificación del cumplimiento de las obligaciones que la normativa concursal impone a los órganos que intervienen en la gestión del patrimonio. (47) El administrador concursal ejerce sus funciones sobre un patrimonio ajeno. No gestiona intereses propios, sino que actúa en representación de la masa del concurso, cuya composición y destino quedan determinados por el marco normativo y por las decisiones jurisdiccionales que se adopten en el procedimiento. La retribución del administrador concursal no constituye un precio libremente pactado entre partes con intereses contrapuestos, sino una detracción de la masa activa del concurso que incide directamente sobre los recursos disponibles para la satisfacción de los acreedores. Esta circunstancia explica que el legislador haya establecido parámetros legales que delimitan tanto la cuantía como los conceptos retribuibles, y que haya previsto mecanismos de control destinados a garantizar que las percepciones efectuadas se ajustan a los límites normativamente establecidos. (48) Cuando se formula una hipótesis concreta de detracción indebida de masa activa por vía retributiva, el análisis jurisdiccional no puede agotarse en planos exclusivamente formales. La ``` ### Página 12 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria cuestión no consiste únicamente en determinar si la parte actora ha acreditado determinados extremos conforme a las reglas procesales generales, sino en verificar si, atendiendo al conjunto de elementos disponibles, resulta materialmente posible constatar o descartar la hipótesis de detracción planteada. El control jurisdiccional en este ámbito tiene una dimensión que trasciende el examen de la regularidad formal de las actuaciones: se proyecta sobre la integridad misma del patrimonio separado y sobre la adecuación de las percepciones efectuadas a los parámetros legalmente establecidos. (49) Este planteamiento no introduce una función inquisitiva que altere la naturaleza del proceso ni desplaza las cargas procesales que corresponden a las partes. Se limita a señalar que, en el ámbito concursal, la función de control atribuida al órgano judicial no puede desvincularse por completo de la dimensión material del objeto sobre el que recae. Cuando lo discutido afecta a la integridad del patrimonio separado y se articula mediante parámetros normativos objetivos, la decisión jurisdiccional debe integrar esa dimensión material, sin que resulte suficiente resolver la controversia exclusivamente desde consideraciones de índole procesal o formal. (50) La acción ejercitada en el presente procedimiento se fundamenta en la alegación de que el administrador concursal habría percibido retribuciones que exceden los límites establecidos en la normativa aplicable. Esta alegación no se articula mediante valoraciones subjetivas sobre la diligencia o idoneidad de la gestión desarrollada, ni se refiere a decisiones que exijan un juicio de oportunidad o de conveniencia. Se articula, por el contrario, mediante parámetros normativos objetivos cuya verificación depende de datos cuantificables. (51) Los extremos cuestionados en la demanda se refieren, esencialmente, a tres aspectos: el periodo de devengo de las retribuciones y su eventual exceso respecto del límite temporal fijado por la disposición adicional tercera de la Ley 25/2015; la aplicación de intereses en supuestos en los que la normativa concursal los excluye; y la cuantificación de las percepciones en relación con el marco retributivo legalmente establecido. Ninguno de estos extremos requiere, para su verificación, un análisis valorativo complejo. Todos ellos dependen de la constatación de hechos objetivos: cuánto tiempo ha transcurrido, qué cantidades se han percibido, en qué conceptos, y si dichas percepciones se ajustan a los parámetros normativos aplicables. (52) La demanda no solicitaba la práctica de una auditoría integral de la gestión concursal ni la realización de análisis complejos que excedieran del marco probatorio ordinario. Solicitaba la verificación de extremos acotados y objetivables mediante el examen de la contabilidad del concurso y de los justificantes de pago. La naturaleza de los hechos cuestionados permitía su contraste mediante prueba documental directa sin necesidad de valoraciones de carácter técnico o pericial que presentaran especiales dificultades. ``` ### Página 13 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria (53) Cuando el parámetro normativo es objetivo y cuantificable, la decisión de no verificarlo desplaza el debate del plano material al plano abstracto. El resultado de ese desplazamiento es que la controversia se resuelve sin que el presupuesto sustantivo que la motiva —la adecuación o inadecuación de las percepciones retributivas a los límites legales— haya sido objeto de contraste efectivo. La cuestión, por tanto, queda cerrada mediante la aplicación de reglas formales que impiden el acceso a la verificación material. (54) Un proceso que prescinde del contraste de parámetros objetivables deja sin resolver el presupuesto sustantivo que condiciona el resultado. En tales condiciones, la decisión adoptada puede apoyarse en la aplicación de reglas procesales generales, pero resulta insuficiente para agotar el objeto sustantivo planteado en la demanda, en la medida en que no integra la verificación del presupuesto material sobre el que se fundamenta la acción ejercitada. La función que el art. 94 TRLC cumple dentro del sistema concursal exige que las eventuales detracciones indebidas de masa activa puedan ser sometidas a contraste jurisdiccional efectivo, lo que presupone la integración de los elementos necesarios para verificar o descartar la hipótesis formulada (55) La contabilidad del concurso constituye el soporte natural para la verificación de las actuaciones económicas desarrolladas durante la tramitación del procedimiento. En cualquier gestión de patrimonio ajeno, y con mayor intensidad en la gestión de un patrimonio separado sometido a control jurisdiccional, la llevanza de una contabilidad ordenada y la formulación periódica de cuentas constituyen instrumentos esenciales para garantizar la transparencia de la gestión y para permitir el contraste de las operaciones realizadas. (56) En el presente caso, consta acreditado mediante Diligencia de Ordenación dictada en sede concursal que no existe documentación contable formulada ni depositada desde el ejercicio 2017, y que no se ha dictado auto judicial que exonere al administrador concursal del deber de formular y depositar las cuentas anuales. Esta circunstancia no es objeto de controversia entre las partes. Es un dato objetivo, acreditado documentalmente en el procedimiento matriz, que incide directamente en las condiciones en las que debe desenvolverse cualquier debate sobre la adecuación de las percepciones retributivas del administrador concursal. (57) La ausencia de contabilidad formulada y depositada no constituye una irregularidad menor ni puede calificarse como un mero incumplimiento formal. Supone la inexistencia del soporte documental estructural sobre el que debe asentarse el control de las operaciones económicas del concurso. En un procedimiento de gestión de patrimonio ajeno, la contabilidad es el instrumento que permite reconstruir, ordenar y verificar los flujos económicos. Si ese soporte no existe y no se articulan mecanismos alternativos que permitan suplirlo de forma equivalente, la verificación material de las percepciones retributivas queda gravemente comprometida salvo que se articulen medidas procesales idóneas que permitan suplir la inexistencia del soporte contable. ``` ### Página 14 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria (58) Esta situación genera una consecuencia estructural que no puede resolverse mediante la aplicación mecánica de las reglas sobre carga de la prueba. Si la fuente de información que debería servir de base para el contraste no existe, exigir al acreedor que ejercita la acción la aportación de documentación cuya inexistencia está acreditada constituye una exigencia materialmente irrealizable. Al mismo tiempo, la inexistencia de esa documentación no puede operar en beneficio del administrador concursal que tenía el deber de elaborarla y depositarla, pues ello supondría convertir el incumplimiento de una obligación legal en un obstáculo para el control jurisdiccional de su propia gestión. (59) La eventual detracción de masa activa alegada en la demanda queda, en estas condiciones, sin un cauce real de contraste jurisdiccional. No se trata de que la cuestión haya sido examinada y resuelta en sentido desestimatorio tras la valoración de la prueba practicada, sino de que la inexistencia del soporte documental regular impide materialmente la verificación de los extremos cuestionados. La consecuencia es que el presupuesto sustantivo que motivó la acción no ha podido ser objeto de verificación material dentro del proceso como consecuencia de la inexistencia del soporte documental cuya elaboración incumbía al propio demandado. (60) Desde esta perspectiva, la desestimación de la demanda por falta de prueba del daño no resuelve materialmente la controversia, sino que la cierra sin que el presupuesto fáctico haya podido ser objeto de contraste. La consecuencia práctica es que una eventual detracción indebida —cuya existencia o inexistencia no ha sido verificada— queda sin posibilidad de corrección, no porque se haya constatado que no existió, sino porque la ausencia de soporte documental impide su verificación. (61) El procedimiento se tramita, conforme resulta de las actuaciones, ante el mismo Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso matriz. Esta atribución competencial responde a la vis attractiva concursal y tiene por objeto garantizar la unidad del procedimiento y aprovechar el conocimiento que el órgano judicial posee sobre la tramitación del concurso, las decisiones adoptadas y el contexto en el que actuó la administración concursal, todo ello integrado en un único marco procedimental. (62) El órgano judicial conoce el contexto concursal en el que se inscribe la presente acción. Consta en los autos del procedimiento matriz la inexistencia de cuentas anuales formuladas y depositadas desde el ejercicio 2017. Ese dato no es sobrevenido ni externo al proceso; integra el marco documental del concurso y formaba parte del escenario decisorio al tiempo de resolver. El conocimiento de ese presupuesto fáctico no constituye una circunstancia que pueda ser desvinculada de las decisiones adoptadas en las distintas fases del procedimiento. (63) La cuestión relativa a la existencia o inexistencia de la contabilidad no constituye en este procedimiento una alegación novedosa ni un extremo incidental. Pronunciamientos previos ``` ### Página 15 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria configuraron un juicio de valor sobre la relevancia del incumplimiento, que quedó integrado en el marco decisorio del concurso y como presupuesto conocido en las actuaciones posteriores. La inexistencia de contabilidad dejó, por tanto, de ser una circunstancia controvertida para convertirse en un dato acreditado y valorado dentro del sistema decisorio del concurso. (64) Cuando, en el presente procedimiento, se solicitó la verificación de las percepciones retributivas mediante el examen de la contabilidad, la petición fue rechazada en audiencia previa bajo el argumento de que es “desproporcionado pedir toda la contabilidad de la concursada”. (65) La aplicación de la categoría de desproporción a un objeto cuya inexistencia consta documentalmente en el procedimiento genera una desconexión lógica entre el fundamento empleado y la realidad fáctica acreditada. El juicio sobre la magnitud excesiva de lo solicitado presupone la existencia del objeto cuya aportación se pondera. Cuando ese objeto no existe —y esa inexistencia consta en autos—, la categoría de desproporción opera en un plano abstracto que carece de correspondencia con el presupuesto fáctico. (66) La posterior exigencia de acreditación documental del daño se produjo dentro de ese mismo marco de conocimiento. El presupuesto material cuya comprobación se pretendía quedó así privado del instrumento natural de contraste —la contabilidad cuya inexistencia constaba en autos— sin que se habilitara mecanismo alternativo alguno para su verificación. La secuencia decisoria completa revela una contradicción estructural: la inexistencia de contabilidad fue valorada como circunstancia irrelevante; fue empleada como fundamento de la desproporción de su solicitud en el plano probatorio y operó como presupuesto implícito de la exigencia de acreditación documental en el plano sustantivo. Tres categorías jurídicas distintas aplicadas sucesivamente sobre un mismo dato fáctico conocido, con el resultado de impedir el contraste material del presupuesto cuestionado. (67) La integración efectiva del presupuesto material constituye una exigencia inherente al control concursal cuando se ejercita una acción dirigida a depurar eventuales detracciones de masa activa. La decisión que prescinde de incorporar al análisis un elemento estructural conocido —la inexistencia del soporte contable que, conforme a la normativa concursal, debería existir— puede satisfacer las exigencias formales del proceso en cada uno de sus trámites considerados aisladamente, pero no integra la adecuación entre la categoría jurídica sucesivamente aplicada y el presupuesto fáctico acreditado que sostiene toda la secuencia decisoria. La racionalidad interna de la decisión jurisdiccional exige que las categorías empleadas —desproporción probatoria en la fase de admisión, exigencia de acreditación documental en la fase de enjuiciamiento— operen sobre una realidad que se corresponda con la que consta acreditada en los autos. (68) El resultado estructural es que la eventual detracción de masa activa alegada no ha sido objeto de verificación material dentro del procedimiento. La combinación de la inexistencia acreditada de ``` ### Página 16 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria contabilidad, la inadmisión de la prueba solicitada mediante la aplicación de categorías que presuponen la existencia del objeto cuya inexistencia consta en autos, y la posterior exigencia de acreditación documental basada en ese mismo presupuesto de inexistencia, ha situado el objeto sustantivo del litigio fuera del cauce efectivo de contraste jurisdiccional. La resolución no resuelve la controversia en el plano material, sino que la cierra mediante la aplicación secuencial de categorías procesales que operan sobre un presupuesto conocido de inexistencia, sin que se haya producido verificación sustantiva del presupuesto fáctico cuestionado. (69) Las razones expuestas conducen a una conclusión de carácter estructural: el procedimiento concursal constituye un marco de gestión jurisdiccional de patrimonio separado en el que la función de control del órgano judicial adquiere una dimensión material cuando lo discutido afecta a la integridad de la masa activa. Los presupuestos cuestionados en la demanda eran objetivamente verificables mediante parámetros normativos cuantificables. La decisión de no proceder a su verificación desplazó el debate del plano material al plano abstracto. La inexistencia acreditada de soporte contable regular generó un vacío de contraste que impidió la comprobación efectiva de la eventual detracción de masa alegada. El conocimiento contextual del órgano sobre esa inexistencia no fue integrado en la decisión de inadmitir la prueba solicitada, produciendo una insuficiencia estructural en el análisis del presupuesto material. El resultado es una resolución que no agota el objeto sustantivo planteado desde la perspectiva del control concursal que el art. 94 TRLC está llamado a articular. En su virtud, SOLICITO A LA SALA: Que, teniendo por presente escrito, se sirva admitirlo y por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN frente a la Sentencia de 21 de enero de 2026 dictada por la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Plaza Nº. 1 para que, en su virtud, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que, estimando el presente recurso: a) revoque la sentencia dictada en primera instancia y se estime íntegramente la demanda interpuesta por esta parte, declarando la responsabilidad del administrador concursal conforme a lo interesado en el suplico de la demanda y con expresa imposición de costas procesales en primera instancia. b) Subsidiariamente, para el caso de no acogerse la pretensión principal, se revoque la sentencia apelada y se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento procesal anterior a la audiencia previa, a fin de que se admita y practique la prueba contable ``` ### Página 17 de 17 ```text Procedimiento de Origen: Procedimiento Ordinario 641/2024 Tribunal de Origen: Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de las Palmas de Gran Canaria indebidamente denegada, con ulterior prosecución regular del procedimiento hasta sentencia. Es Justicia que solicito en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de febrero de 2026 OTROSÍ DIGO: Que, al amparo de lo dispuesto en los artículos 460.2 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte solicita la práctica de la prueba en segunda instancia, en especial la de naturaleza contable y documental relativa a la gestión económica de la administración concursal, por resultar pertinente y útil al objeto del recurso. Es Justicia que en igual lugar y fecha [datos de firma electrónica suprimidos] ```